La interpretación de las leyes fiscales cambiará con los jueces electos por voto popular, advierte el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
La reforma al Poder Judicial de la Federación, vigente desde el pasado 16 de septiembre, también tendrá un impacto en todos los contribuyentes, pero en especial en las empresas que proyectan inconformarse en Juzgados y Tribunales en contra de algunas de las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los cambios constitucionales que transforman la estructura y funcionamiento del Poder Judicial incluyen repercusiones en la futura resolución de disputas fiscales, y en la interpretación de la legislación tributaria.
En un reciente análisis, los contadores del país advierten que -en términos generales- estos serían los posibles impactos negativos de la reforma judicial en el ámbito fiscal:
La elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de Tribunales y jueces de Distrito, cambiará la composición de los órganos jurisdiccionales que atienden casos fiscales, por ende, potencialmente podría afectarse la interpretación y aplicación de las leyes tributarias.
La modificación en la estructura de la SCJN, y el nuevo funcionamiento de la misma, dado que desaparecen las dos salas que la integran, también cambiará la forma en la que “se resuelven los casos fiscales de alto perfil y en la jurisprudencia que afecta la interpretación de leyes”.
Al cambiar el proceso de selección y nombramiento de los jueces, toda vez que la carrera judicial dejará de existir, podría afectarse la especialización y experiencia de los juzgadores en materia fiscal.
A su vez, habrá un impacto en la calidad y consistencia de las resoluciones en materia tributaría, debido a que los jueces serán electos mediante el voto de los ciudadanos.
Principales escenarios
Por otro lado, de manera específica, el IMCP adelanta que la reforma judicial también podría tener implicaciones que afectarían en las empresas, lo que se sumará a las dificultades que ya se enfrentan cuando los contribuyentes demandan al SAT.
Entre los escenarios factibles se destacan:
Incertidumbre jurídica.
La reforma judicial podría generar un periodo de incertidumbre mientras se ajusta todo el sistema. La duración de este lapso aun no puede determinarse, lo que afectará la resolución de las disputas fiscales en curso, y las que se entablen en el futuro.
Nuevas interpretaciones.
Con los jueces y magistrados que llegarán a los Juzgados y Tribunales a partir del mes de septiembre de 2025, después de las elecciones de estos, de acuerdo con lo que prevén los cambios constitucionales, necesariamente habrá cambios en la interpretación y aplicación normativa.
Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos esto “podría afectar la planificación fiscal de las empresas”, independientemente del tamaño que estas tengan.
Mayores retrasos.
La implementación de la reforma judicial retrasará aun más la conclusión de los casos fiscales. Actualmente, estos litigios tardan varios años en resolverse, por lo que -en lo que se adecua el nuevo funcionamiento de la judicatura- los empleadores deberán prever que en cualquier juicio fiscal se requerirá más tiempo para su resolución.
Politización judicial.
A partir de que los jueces y magistrados serán primero seleccionados como candidatos para que los vote la ciudadanía, mediante un proceso en el que intervendrán principalmente los poderes Ejecutivo y Legislativo, habrá “una mayor influencia de factores políticos en decisiones judiciales”, especialmente en aquellas relacionadas con temas fiscales, concluye el IMCP.
Casi siempre gana el SAT
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria usualmente gana el 60% de los juicios entablados en su contra.
Por ejemplo, en 2023, el SAT enfrentó 12,084 controversias jurisdiccionales, de estas ganó 7,250, mientras que perdió 4,834. Los fallos a favor le permitieron a la autoridad fiscal obtener más de 52,800 millones de pesos.
En cambio, los juicios perdidos por el SAT representaron para esta institución 18,824 millones de pesos, que equivalen al 25% de los recursos en litigio.
Esto significa que, aunque cuatro de cada 10 juicios en contra del fisco los ganan los contribuyentes, los mayores montos en disputa usualmente son fallados a favor del SAT.
FUENTE: Alto Nivel