Busca atender las recomendaciones del GAFI; temen excesos y militarización de la lucha contra el lavado de dinero.
La reforma a la Ley Antilavado, es decir, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue avalada por el pleno del Senado de la República, en medio de los temores de excesos y militarización de la lucha contra el lavado de dinero, además de la preocupación por la definición de “persona políticamente expuesta”.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, las y los senadores aprobaron en lo general y en lo particular la reforma, impulsada por el morenista Javier Corral y que busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien este año evaluará a México en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Se busca identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quién realmente controla y/o se beneficia de las operaciones, lo cual es fundamental en el combate al lavado de dinero (…) en segundo lugar, incorpora nuevas actividades vulnerables, tales como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos”, señaló Javier Corral, legislador que presentó la propuesta de reforma.
De acuerdo con la reforma, las modificaciones propuestas –en donde también se añade el concepto de persona políticamente expuesta– se dan para atender las recomendaciones del GAFI, en una coyuntura donde México ha estado en la mira de Estados Unidos por la relación del blanqueo de activos y el narcotráfico.
Durante la discusión, la definición de “persona políticamente expuesta” generó preocupación no sólo para los senadores de la oposición, sino también para los legisladores del partido en el poder.
Guadalupe Chavira de la Rosa, de la bancada de Morena, solicitó definir de mejor manera el concepto y revisar la redacción que permita delimitar hasta dónde puede llegar la acción la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Solicitarle al compañero presidente Javier Corral si pudiéramos tener más información de lo que yo he solicitado respecto a lo que tiene que ver con los criterios que va a establecer la SHCP, la CNBV, y que pudiéramos conocer los detalles de la parte reglamentaria”, dijo en el palco.
Por su parte, el panista Francisco Javier Ramírez expresó su acuerdo con la morenista, y señaló que se necesita limitar y puntualizar el término, ya que una persona “no debe cargar con la sombra del escrutinio estatal por siempre” por haber sido servidor público.
Otros aspectos que se mencionaron es que la reforma vulnera las libertades e, incluso, podría frenar la inversión y comercio, además de alertar de que pudiera ser militarizada la lucha contra el lavado de dinero al buscar la cooperación con la Guardia Nacional.
“Nadie ve nada”
La discusión de la reforma se llevó a cabo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones vinculadas a lavado de dinero y el narcotráfico, lo que no dejó indiferentes a las y los senadores.
“Me parece más que es una persecución a las actividades informales o contra las organizaciones filantrópicas o religiosas que contra el lavado de dinero, porque ahora resulta que en este país no ve nadie los grandes movimientos de lavado de dinero. Ya nos dijo el Departamento del Tesoro que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por lavado de dinero, tres bancos vinculados con Alfonso Romo (…). Dice Edgar Amador (secretario de Hacienda) ‘yo no vi nada’, ¿pues cómo va a ver si el trabajaba en Vector?”, acusó la senadora priísta Claudia Anaya.
En este sentido, aseveró que no van “contra los peces gordos”, sino contra los ciudadanos, mientras que otros senadores de la oposición señalaron que la reforma cae en excesos e, incluso, peligra que se militarice también la lucha contra el lavado de dinero.
El senador panista Francisco Javier Ramírez agregó de manera sarcástica la eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) así como sus avances.
“Mientras aquí se presume músculo institucional, hoy tuvimos que enterarnos a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que tres instituciones financieras están bajo sospecha (de lavado de dinero). La UIF y la CNBV desconocían las circunstancias, les faltaba información, se hicieron hormiga”, expresó.
¿Cuáles son las modificaciones?
El dictamen con proyecto de decreto aprobado se enviará a la Cámara de Diputados. Sólo se aprobó una reserva, presentada por Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, la cual consistió en quitar la adhesión de las palabras “financiamiento al terrorismo” al considerar que esto ya está considerado en la ley y el Código Penal.
La reforma plantea modificaciones como ampliar el concepto de beneficiario controlador; definición de las Organizaciones Sin Fines de Lucro; se actualiza la definición de relación de negocios; amplia la lista de actividades vulnerables e incorpora la definición de personas políticamente expuestas.
También se establece un régimen simplificado de identificación para clientes públicos; la implementación de capacitación y auditorías; monitoreo y evaluación de riesgos; cooperación de Hacienda con la Guardia Nacional y otras instituciones; así como la protección de la identidad de los encargados de cumplimiento.
También impulsa sistemas automatizados de gestión de riesgos; auditorías externas e internas; se amplían obligaciones de reportes, así como las obligaciones para notarios y corredores; se incorpora la UMA; se fortalecen las sanciones y se reconoce a la UIF como víctima.
FUENTE: El Economista