Modificaciones al Código Fiscal generan preocupación entre empresarios y fiscalistas por riesgos de sanciones rápidas e invasivas.
A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con nuevas facultades de fiscalización, en un esfuerzo por combatir las llamadas “factureras”, pero especialistas advierten que las reformas podrían resultar abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes y para la economía nacional.
Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, recientemente aprobadas por el Congreso, buscan agilizar los procesos para detectar y sancionar comprobantes fiscales falsos. Se implementará un proceso exprés que reduce al mínimo los tiempos de aclaración y defensa de los contribuyentes, lo que ha generado preocupación entre fiscalistas y empresarios.
Además, las reformas armonizan el marco legal con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que un juez ordene encarcelar a cualquier persona involucrada con factureras, desde quienes emiten hasta quienes reciben las facturas. A esto se suma la facultad de suspender de inmediato la emisión de comprobantes fiscales, lo que podría congelar operaciones de empresas mientras se define su situación legal.
Las nuevas atribuciones también incluyen publicar los nombres de presuntos factureros, imponer plazos de reacción bajo presión a terceros, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar operaciones digitales en tiempo real. Expertos alertan que estas medidas colocan a los contribuyentes en una posición de desventaja, vulneran la privacidad y podrían afectar ingresos y empleos.
“Si bien el combate a la facturación falsa es necesario, estas reformas podrían generar un clima de incertidumbre y temor entre empresarios y ciudadanos”, señaló un especialista en derecho fiscal. La combinación de sanciones inmediatas y medidas preventivas estrictas podría impactar directamente en la operación de pequeñas y medianas empresas, así como en la confianza del sector privado.
El SAT asegura que estas medidas buscan proteger la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal, pero los críticos advierten que la implementación requiere de mecanismos claros de supervisión y defensa para los contribuyentes. La discusión ahora se centra en equilibrar la eficiencia fiscal con la protección de derechos y la seguridad jurídica en el país.
FUENTE: Tabascohoy