Jimena Marván, directora de Chapter Zero México, explicó los alcances del informe Crecimiento frente a la disrupción climática, presentado en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y advirtió que las empresas aún están lejos de integrar el riesgo climático y ambiental como un eje estratégico en la toma de decisiones.

“La idea es poderles dar [a las empresas] un marco muy pragmático que les permita efectivamente navegar de manera responsable estratégica y muy proactiva todas estas disrupciones climáticas y las relaciones con la naturaleza, de una manera en que puedan tener mucha claridad de dónde están paradas en términos ambientales, pero también mucha claridad de cómo convertir todos estos riesgos en oportunidades”, dijo durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

Detalló que Chapter Zero es una iniciativa del Foro Económico Mundial que comenzó hace casi cinco años y que hoy se consolida como una alianza global con presencia en más de 70 países y 34 capítulos.

Desde esta red, explicó, se trabaja de manera directa con consejos de administración para ofrecerles herramientas que les permitan enfrentar de forma responsable y estratégica los efectos de la crisis climática y la degradación de la naturaleza.

Subrayó que por octavo año consecutivo el Foro Económico Mundial colocó a los riesgos ambientales entre las principales amenazas económicas globales. En ese sentido, aseguró que el cambio climático podría costarle a la economía mundial más de 1.5 billones de dólares anuales en pérdidas de productividad y salud hacia 2050, y que sin medidas de adaptación las empresas podrían enfrentar impactos directos en su operación de hasta 1.2 billones de dólares anuales.

“Índices como el Standard & Poor’s Global advierten que sin medidas de adaptación las empresas van a tener impactos directos en su operación”, apuntó.

A pesar de estas cifras, señaló que solo 35 por ciento de las compañías cuenta actualmente con planes sólidos y estratégicos para adaptarse a los cambios físicos del planeta derivados de la actividad humana.

“Estamos lejos de mover a las empresas y que las empresas estén pensando en estos temas de manera estratégica”, afirmó, al señalar que aún persiste una brecha entre el reconocimiento de la crisis ambiental y su incorporación efectiva en la gestión corporativa.

En el caso de México, explicó que Chapter Zero trabaja con empresas y consejeros independientes y patrimoniales para incorporar de manera estable esta conversación en los consejos de administración, con información clara y datos duros que permitan tomar decisiones distintas a las tradicionales.

Integración de la estrategia climática en el consejo de administración

En ese sentido, detalló que la operación en México inició hace cuatro años con un mandato centrado en la formación de consejeros, lo que dio origen a un programa ejecutivo que este año alcanzará su quinta edición.

Dicho programa, explicó, ofrece alrededor de 30 horas de formación en temas de clima, naturaleza y sostenibilidad, con herramientas orientadas al negocio. El propósito es traducir variables ambientales y climáticas a los modelos de negocio para que los consejeros comprendan cómo impactan en la productividad, la operación y el desempeño financiero de las empresas, y puedan tomar decisiones de mediano y largo plazo que protejan la operación y contribuyan a salvaguardar el equilibrio ecológico.

Marván detalló que los principios promovidos por Chapter Zero se estructuran en cuatro ejes. El primero establece que los temas climáticos y de naturaleza son una responsabilidad fiduciaria de los consejeros, debido a la magnitud del impacto financiero que pueden generar. El segundo plantea que la estrategia climática y de naturaleza debe integrarse como un componente central de la estrategia de negocio, y no como un tema paralelo.

El tercer principio se enfoca en la identificación de riesgos y oportunidades climáticas y ambientales, y en la necesidad de que los consejos comprendan cuáles son los riesgos materiales que enfrenta su empresa o sector. Esto implica contar con datos estructurados, sistemas de información y una gobernanza clara de la información ambiental, responsabilidad que, subrayó, corresponde al consejo de administración.

El cuarto principio está centrado en el reporte y la transparencia. Así como los consejos son responsables de la consistencia y credibilidad de la información financiera, también deben garantizar que la información ambiental y de sostenibilidad que se comunica a inversionistas, mercados, clientes y sociedad sea verídica y consistente con la realidad de la empresa.

“Necesitan empezar a incorporar dentro de esos reportes toda esa información ambiental y de sostenibilidad que, efectivamente, va a tener un impacto en su desempeño operativo, en su desempeño organizacional y en su desempeño financiero”, enfatizó.

Marván explicó que el enfoque está en dotar a los consejeros de la información y las preguntas estratégicas necesarias para ejercer gobierno desde el consejo sobre estos temas, incluyendo la evaluación de nuevos modelos de negocio, la gestión de riesgos y el aprovechamiento de oportunidades asociadas a la transición hacia una economía baja en carbono y circular.

“Estos principios le permiten al consejo tener una visión mucho más completa, yo diría 360, de todos los temas que tienen que estar en la mesa del consejo para jugar un rol material, es decir para tener un impacto en el desempeño financiero de la empresa pero también en su permanencia y en su valor en el mediano y en el largo plazo”, concluyó.

Marván llamó a los consejos de administración a reflexionar y formarse en estos temas, en un contexto en el que tanto la complejidad geopolítica como la transformación física del planeta están modificando de manera profunda y disruptiva las condiciones para la toma de decisiones empresariales. El informe puede consultarse en la página web de Chapter Zero México.

FUENTE: Aristeguinoticias

El SAT aclaró que no cuenta con atribuciones especiales para realizar este tipo de acciones de forma generalizada.

La autoridad fiscal también señaló que no ha incrementado de manera inusual sus procesos de fiscalización, por lo que rechazó cualquier información que sugiera operativos extraordinarios o medidas atípicas contra contribuyentes.

La aclaración del SAT se da luego de diversas versiones que trascendieron a través de redes sociales, en las que se aseguraba un comportamiento atípico en las funciones del mismo y hasta congelamiento de cuentas.

FUENTE: Noventagrados

El año pasado, se modificó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde ya se considera al arrendamiento de inmuebles como una actividad vulnerable de lavado de dinero.

Esto ocurre cuando el monto mensual de la renta supera en mil 605 veces la UMA, aproximadamente, 181 mil 589 pesos mensuales.

Cuando se rebasa esta cantidad, el arrendador del inmueble debe registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del padrón de actividades vulnerables y dar un aviso por cada contrato que supere este monto mensual de renta.

Se puede tratar de una casa, un departamento, una o varias bodegas o cualquier inmueble.

Incluso se pueden sumar, es decir, si una sola persona renta cinco bodegas por más de 181 mil pesos al mes, se debe dar aviso al SAT.

Sergio Guizar, socio de Zavala Abogados y especialista en derecho fiscal, explicó que, el arrendamiento de inmuebles puede ser una actividad susceptible de lavado de dinero y se está buscando fiscalizar estar operaciones con mayor exactitud.

“Simulas un arrendamiento y lo ocupas para otros fines, esa cantidad que es para rentar la usan para deducir de impuestos. Es una operación simulada que afecta al fisco porque, por un lado, no se reporta y por otro se deduce”, explicó.

El lavado de dinero en la renta de inmuebles se puede dar cuando se paga en efectivo el alquiler y se desconoce el origen del dinero; cuando el que habita el inmueble no es el mismo que paga la renta; cuando varias empresas pagan una sola renta; cuando no se ocupa el inmueble; o cuando varias personas están incluidas en un mismo contrato de arrendamiento, entre otros.

Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, comentó que, desde 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se ha estado buscando eliminar el manejo de efectivo a nivel mundial para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades. Uno de los puntos donde había un gran hueco era en los arrendamientos.

“Estamos hablando de arrendamientos donde la renta mensual es de 2 o 3 millones de pesos. La propia Ley tenía un límite de manejo de operaciones en efectivo, por persona. El tope máximo para pagar en efectivo de una renta era hasta 10 mil pesos por persona. Ahora viene esta reforma con el afán de eliminar el efectivo y ahora se permiten hasta 181 mil 589.70 pesos por contrato, no por persona”, detalló.

Sobre qué tan recurrente es el problema, Saucedo comentó que “no hay una estadística o dato duro”, pero sí era un agujero donde se podían meter arrendamientos para lavar dinero.

FUENTE: El Universal

A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con nuevas facultades de fiscalización, en un esfuerzo por combatir las llamadas “factureras”, pero especialistas advierten que las reformas podrían resultar abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes y para la economía nacional.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, recientemente aprobadas por el Congreso, buscan agilizar los procesos para detectar y sancionar comprobantes fiscales falsos. Se implementará un proceso exprés que reduce al mínimo los tiempos de aclaración y defensa de los contribuyentes, lo que ha generado preocupación entre fiscalistas y empresarios.

Además, las reformas armonizan el marco legal con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que un juez ordene encarcelar a cualquier persona involucrada con factureras, desde quienes emiten hasta quienes reciben las facturas. A esto se suma la facultad de suspender de inmediato la emisión de comprobantes fiscales, lo que podría congelar operaciones de empresas mientras se define su situación legal.

Las nuevas atribuciones también incluyen publicar los nombres de presuntos factureros, imponer plazos de reacción bajo presión a terceros, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar operaciones digitales en tiempo real. Expertos alertan que estas medidas colocan a los contribuyentes en una posición de desventaja, vulneran la privacidad y podrían afectar ingresos y empleos.

“Si bien el combate a la facturación falsa es necesario, estas reformas podrían generar un clima de incertidumbre y temor entre empresarios y ciudadanos”, señaló un especialista en derecho fiscal. La combinación de sanciones inmediatas y medidas preventivas estrictas podría impactar directamente en la operación de pequeñas y medianas empresas, así como en la confianza del sector privado.

El SAT asegura que estas medidas buscan proteger la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal, pero los críticos advierten que la implementación requiere de mecanismos claros de supervisión y defensa para los contribuyentes. La discusión ahora se centra en equilibrar la eficiencia fiscal con la protección de derechos y la seguridad jurídica en el país.

FUENTE: Tabascohoy

El aguinaldo es un derecho reconocido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde hace más de cinco décadas, la prestación es irrenunciable y el pago no puede ser cambiado por especie; es decir, si un empleador decide otorgar obsequios u otro tipo de gratificación, esto es adicional.

Lo primero que debes saber, es que el aguinaldo tiene un piso mínimo, la LFT establece que el pago debe ser de por lo menos 15 días. Si bien se han presentado iniciativas para ampliarlo, hasta ahora ningún proyecto ha prosperado.

Aunque la legislación laboral contempla un mínimo de días, hay compañías que ofrecen un monto superior, ya sea por contrato colectivo o por un aspecto de competitividad en el mercado de talento.

Otro dato importante sobre la prestación es que no distingue entre trabajadores de confianza, de base, sindicalizados, comisionistas, empleados con puesto permanente o temporal, todas las personas —siempre que exista subordinación— tienen derecho a recibir el pago.

Sólo en el caso de los trabajadores temporales, la legislación laboral contempla un pago proporcional acorde al tiempo en el que se prestó el servicio. De hecho, esta disposición fue la última reforma que tuvo la prestación.

Estas son algunas dudas legales sobre el pago de aguinaldo:

1. ¿Cuándo es la fecha límite para recibirlo?

La Ley Federal del Trabajo indica que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. En ese sentido, las empresas tienen hasta el 19 de diciembre para liquidar la gratificación.

2. ¿Qué pasa si tengo menos de un año en la empresa?

La Ley contempla un pago proporcional para quienes tienen menos de un año de antigüedad en un centro de trabajo; es decir, se recibe un monto menor a los 15 días, pero sí se tiene derecho a la gratificación.

3. ¿Hay multa por no pagar el aguinaldo?

Sí existe una sanción por incumplir con el pago de aguinaldo o por otorgar la prestación a destiempo. La legislación establece una multa que va de los 5,657 a los 565,700 pesos, puede fijarse por cada trabajador afectado y no exime al empleador de garantizar el derecho.

4. ¿Quiénes no reciben el pago?

Las personas que no cuentan con una relación de trabajo subordinado, como trabajadores independientes o prestadores de servicios profesionales, no están contemplados en la gratificación.

5. ¿Se paga impuesto por el aguinaldo?

Sí, aunque esto no se encuentra indicado en la LFT, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sí lo establece, pero no todo el monto está gravado, la legislación exenta 3,394.20 pesos (30 veces la UMA); es decir, se paga impuesto por el excedente de ese umbral.

6. ¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El monto del aguinaldo depende de dos factores: salario actual y antigüedad, indica BBVA México. De acuerdo con el banco, la primera referencia para calcular la prestación es obtener la remuneración diaria, para ello hay que dividir el ingreso neto mensual por 30 días.

A continuación, un ejemplo con una persona que percibe un salario mínimo (8,475 pesos al mes) y dos escenarios, uno con derecho al pago total de la gratificación, y otro con pago proporcional por seis meses de servicio.

Escenario 1. Aguinaldo completo

Paso 1. Dividir 8,475 (salario neto mensual) entre 30 (días del mes). El resultado (282.50) es el salario diario

Paso 2. Multiplicar salario diario (282.50) por 15 (días de aguinaldo). El resultado es 4,237.59.

En este escenario, un trabajador que gana un salario mínimo y tiene un año o más de antigüedad, su aguinaldo es de 4,237.59 pesos.

Escenario 2. Aguinaldo proporcional

Paso 1. Se divide 4,237.59 (aguinaldo completo) entre 365 (número de días del año). El resultado es 11.60, eso es lo que se ganó diario de aguinaldo.

Paso 2. Multiplicar 180 (los días trabajados en el año) por la cuota diaria de aguinaldo (11.60). El resultado es 2,089.77.

Esto significa que un empleado que percibe un salario mínimo y sólo trabajó seis meses en una empresa, debe recibir un monto de 2,089.77 pesos.

“Asimismo, conocer cuándo se recibe el aguinaldo es fundamental para organizar tus finanzas y próximos gastos. Es por ello que el aguinaldo se otorga antes del 20 de diciembre, lo que te permite cuidar tu dinero antes de las festividades”, destaca BBVA México.

FUENTE: El Economista

A partir del 1 de julio del 2026, los bancos mexicanos pedirán una identificación a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140,000 pesos, una medida para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas, indicó la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Recomendamos que a partir del 1 de julio del 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140,000 pesos, a través de una identificación oficial y por lo menos un dato biométrico”, dijo Emilio Romano, presidente del organismo.

“Esto va más allá de la regulación y busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas”, añadió.

En su conferencia de prensa bimestral, Romano explicó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas con “medidas contundentes, que van más allá del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano”.

Esto para garantizar que el sistema bancario “está lo mejor protegido” para evitar que mediante su sistema se conduzcan “actividades ilícitas, incluyendo, pero no solamente el lavado dinero”.

Refirió que la banca mexicana, a nivel internacional, es uno de los primeros países que adopta una plataforma de intercambio de información en tiempo real para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas por la vía bancaria.

Además, dijo que la ABM también recomendó que las transferencias internacionales solo puedan ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes y se comprometió a llevar a cabo reuniones periódicas con autoridades relativas a lavado de dinero y a prevención de delitos de nuestros principales socios comerciales.

Sobre si existen más casos en la banca mexicana como los de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres entidades financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, Romano dijo quelas autoridades estadounidenses señalaron que dentro de la investigación “los dos bancos y la casa de bolsa mencionados en la orden del FinCEN son los (únicos) que están”.

“Nosotros no podemos descartar, ni somos autoridad, nosotros no sabemos, no podemos definir el comportamiento de una autoridad y menos de una autoridad extranjera, pero sí decir que la comunicación que nos dieron es que de esta investigación este es el resultado”, apuntó.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, fue la entidad responsable de imponer sanciones por más de 185 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigación internacional por presunto lavado de dinero.

FUENTE: Forbes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la noche de este miércoles el dictamen de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca dar mayores facultades al fisco con el fin de endurecer el combate a las “factureras”.

Por 348 votos a favor y 130 en contra, el dictamen fue aprobado en lo general y ahora iniciaba la discusión en lo particular de los artículos reservados.

La reforma al CFF busca armonizar dicho Código con el artículo 19 de la Constitución para que ya se les pueda aplicar prisión preventiva oficiosa a las personas vinculadas a proceso por cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Con los cambios, se especifica que un comprobante fiscal es falso cuando éste no ampare operaciones efectivamente existentes o actos jurídicos reales y se faculta a la autoridad fiscal a que presente querellas contra los contribuyentes que emitan esos falsos comprobantes.

Asimismo, el fisco podrá negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa.

Además, el fisco podrá verificar mediante visitas domiciliarias exprés (en un plazo de 24 días) que el contribuyente cumpla con la veracidad de los comprobantes fiscales.

En caso de que el fisco determine que se están emitiendo falsos comprobantes fiscales, le podrá restringir al contribuyente de manera definitiva sus certificados sello digital e incluso acusarlos por la vía penal.

Asimismo, se busca obligar a las plataformas digitales (como DiDi, Amazon, entre otras) a que den acceso al fisco en tiempo real, de forma permanente y en línea a información que permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la posibilidad de que puedan ser bloqueadas en caso de que se detecten irregularidades.

Igualmente se busca combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos, con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital para empresas del sector energético, como la emisión de comprobantes fiscales sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía.

Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), destacó que las modificaciones al CFF tienen el objetivo de combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras y el uso indebido de sellos digitales.

“El dictamen nos convoca a combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y un conjunto de medidas de fortalecimiento al combate a la evasión de impuestos, que tendrán como beneficio que los recursos sean mejor recaudados para que el Estado pueda disponer de ellos en beneficio de la población”, declaró el diputado desde tribuna.

Habrá ‘Gran Hermano’ fiscal: oposición

Por su parte, los diputados de oposición advirtieron que las modificaciones al CFF darían al fisco facultades excesivas y discrecionales que prácticamente lo convertirían en una suerte de ´Gran Hermano’ fiscal que todo lo ve y todo lo sanciona sin siquiera antes dar oportunidad a los contribuyentes de defenderse.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Núñez, advirtió que la reforma al CFF “lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes” y establece “un estado fiscal autoritario que castiga primero y averigua después”.

“Manifestamos nuestro rotundo rechazo a la discrecionalidad con que se pretende dotar a la autoridad fiscal, facultándola para cancelar sellos digitales y hasta la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sin un debido proceso ni derecho a la audiencia efectiva”, dijo.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, dijo que su bancada no acompañará esta reforma al CFF, pues no combate al huachicol fiscal ni a las factureras, sino que por el contrario es un Código Fiscal “espía, de terrorismo y confiscatorio”.

“A través de este Código Fiscal Espía, el SAT se convierte en el ‘Gran Hermano fiscal’, (además de que) afecta la certidumbre jurídica y desincentiva la inversión en nuestro país”, afirmó el diputado panista.

FUENTE: El Economista

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció el nuevo Monto Transaccional del Usuario (MTU) o Límite de Operaciones para las transferencias bancarias.

¿Cómo ajusto el MTU?

Entra a tu aplicación bancaria. Debe decir MTU, límite de operaciones o “monto máximo”, varía según el banco.

También puedes ajustar el MTU en tu sucursal bancaria.

Fecha límite.

La medida comenzarán a aplicarla los bancos a partir del 1 de octubre, pero la fecha límite a los usuarios para establecer el MTU es el 1 de enero del 2026.

¿Cuánto pongo de MTU?

Lo que desees. Es recomendado que sea acorde a tus actividades frecuentes y según cuánto sueles enviar a otras personas.

Por ejemplo, si sueles pagar la renta o enviar dinero a familiares es importante poner un MTU igual o superior a esos montos.

¿Y si no pongo MTU?

Si no lo estableces, tu banco establecerá el MTU por ti según tu historial de operaciones y comparado con perfiles de otros usuarios.

¿Y si me paso del límite?

Tu banco pedirá una autenticación por mensajería instantánea, correo electrónico o llamada telefónica.

El objetivo.

Buscan reducir los fraudes, también permite a las autoridades detectar movimientos sospechosos.

FUENTE: Puente Libre

El administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores, advirtió que, con las reformas al Código Fiscal de la Federación previstas en el Paquete Económico 2026, habrá “mano dura” contra factureros y evasores responsables de socavar miles de millones de pesos al erario.

Descartó, sin embargo, cualquier tipo de persecución contra los contribuyentes cumplidos.

“Esta reforma de las factureras va enfocada a esas poquitas empresas, que son empresas de papel, y no afectará a ninguna otra persona, que somos la mayoría de los mexicanos, que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales”, dijo.

En entrevista con MILENIO, el funcionario se refirió a tres aspectos centrales de la nueva reforma contra las factureras: procedimientos abreviados de aproximadamente 24 días para emitir resoluciones, cancelación de la facturación desde el inicio del proceso y prisión preventiva oficiosa para socios y accionistas de las emisoras de falsos comprobantes fiscales, quienes no podrán ya ser parte de otras empresas ni repetir el esquema de defraudación.

—¿Mano dura contra ellos?—

“Contra estos delincuentes, sí. Contra los delincuentes, efectivamente”.

Flores sostuvo además que el combate a la facturación falsa y a la evasión fiscal permitirá al gobierno federal evitar aumentos al ISR, al IVA y a otros impuestos.

—¿Cómo operan estas empresas? ¿Podemos, incluso, hablar de redes criminales, de organizaciones delictivas?—

“Lo que hemos identificado es que son personas físicas y despachos los que empiezan a constituir empresas de papel; no una red criminal, pero sí empresas que, a través de ellos mismos o despachos, empiezan a constituir ante notarios, primero, empresas de papel cuyos domicilios son un lote baldío, una casa abandonada por ahí, es decir, son de papel, no tienen ninguna sustancia, o sea, no están creadas para realmente tener una actividad comercial, para vender algún bien, prestar algún servicio.

Son empresas de papel donde los accionistas, incluso, en muchas ocasiones ni siquiera saben que son accionistas de esas supuestas empresas. De alguna manera obtienen la información de sus credenciales para votar o algo, y ahí van y las constituyen y después vienen, las inscriben en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el SAT, para empezar a hacer esta emisión de falsos comprobantes fiscales.

Son empresas de papel, con la única finalidad de empezar a emitir por cientos y en ocasiones miles de millones de pesos estos falsos comprobantes fiscales”.

—¿Existe un cálculo del impacto que está provocando esta evasión o elusión fiscal?—

“Sí, es una evasión fiscal a través de estos falsos comprobantes fiscales porque lo que sucede es que otras empresas u otras personas le dan a ese comprobante falso efectos fiscales para reducir su pago de impuestos, ya sea el ISR principalmente o incluso en IVA pueden generar saldos a favor que son falsos y que también tenemos que estarlos fiscalizando y obviamente negando”.

El monto como tal de estas empresas (factureras) no lo tenemos, hay análisis que han hecho algunas universidades, análisis públicos, pero no tenemos un dato como tal, pero sí sabemos que es una evasión fuerte. La propia presidenta (Claudia Sheinbaum), nuestro jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, han mencionado que justamente combatiendo este tipo de prácticas hace que no sea necesario incrementar otro tipo de impuestos o subir tasas como se hacía anteriormente ni subir el IVA ni subir el ISR”.

—¿Tiene el SAT una meta de recuperación de recursos para el próximo año vía el combate a las factureras?—

“O sea, una meta de este rubro en particular, no. La meta es la Ley de Ingresos que va en este paquete económico y que tiene un incremento de 540 mil millones de pesos respecto de este año. Quedan 5.3 billones de pesos. La meta del próximo año está alrededor de los 5.8 billones de pesos para el SAT de ingresos tributarios. ¿Cómo vamos a alcanzar esa meta?, con muchísimas acciones, incluido el combate de los factureros que está en este rubro”.

—Hay quienes dicen que estas propuestas de reformas representan una persecución a los contribuyentes…—

“Todo lo contrario. Representan una seguridad para los que realmente son contribuyentes cumplidos. Para aquellos pocos que quieren hacer una evasión, una elusión, ahora en una práctica delictiva como la emisión de falsos comprobantes fiscales, sí, para ellos, esos pocos, que son empresas de papel, vemos despachos, vemos conductas reiteradas, vemos contubernio con otras instituciones”.

Para eso sí la ley es muy dura, por eso viene la reforma y son estos cambios para tener un procedimiento abreviado que inicia con la cancelación de la facturación para esos pocos que no son contribuyentes, sino todo lo contrario, y que además ya va a tener el tema de prisión preventiva oficiosa para sus accionistas o representantes, pero de ninguna manera hay persecución por parte del SAT para el contribuyente”.

FUENTE: Milenio

La Cámara de Senadores recibió de manera oficial dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las que propone reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia de tecnología y para simplificar el proceso de protección de patentes y registros.

Respecto de la primera iniciativa presidencial, la exposición de motivos consigna que los cambios pretenden agilizar el juicio de amparo, reducir la impunidad y fortalecer en general las instancias judiciales.

Plantea la necesidad de establecer de manera expresa que se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión definitiva en el juicio, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); o cuando se impida que la citada Unidad, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección del lavado de dinero o conductas ilícitas relacionadas.

La medida busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito y los efectos económicos negativos para el erario público.

“No obstante, la modificación respeta el mínimo vital de las personas afectadas, aún con las cuentas congeladas y garantiza el acceso a recursos para cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda, sin poner en riesgo la efectividad de las medidas”, precisa.

Sugiere establecer que la medida cautelar de suspensión provisional nunca procederá en los casos descritos, en tanto que la suspensión definitiva sí podrá concederse para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas siempre que se acredite su licitud.

“De esta forma, se permite un margen de protección judicial cuando el dinero no provenga de actividades ilícitas”, detalla.

Los cambios, amplía, tienen como fin mejorar y perfeccionar el juicio de amparo para hacerlo ágil, sencillo y de fácil tramitación, más social y accesible a la mayoría de los mexicanos.

Para sustentar la necesidad de fortalecer el marco jurídico, el documento refiere que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025 fueron promovidos 3,659 amparos para reclamar a la UIF la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

En términos generales, cita el proyecto, se han desbloqueado -vía el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva- cuentas con montos asociados que ascienden a 27,000 millones de pesos, que representan 54.4% del total de montos bloqueados.

“En los últimos dos años (2023 y 2024) se han desbloqueado montos por el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva, que asciende al 86.3% y 72.3% del total de montos bloqueados inicialmente’’.

Inteligencia Artificial

La segunda iniciativa presidencial propone reformar 217 artículos, adicionar 23 y derogar 6 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de manera destacada para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

“La ausencia de una regulación específica que prevea como supuesto de infracción de los derechos de propiedad industrial, cuando a través de la inteligencia artificial se genera contenido engañoso, se falsifica o se apropia de algún signo distintivo o patente, permite que se generen prácticas desleales en detrimento de las personas titulares de derechos y de la economía nacional.

“Por lo tanto, en aras de lo establecido tanto en la Constitución (…) como en tratados internacionales, con el fin de proteger a las personas titulares de derechos y consumidoras y de fomentar la innovación y la competencia leal, es que se añade a la Ley una disposición específica sobre el uso riesgoso de inteligencia artificial con el propósito de garantizar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de los derechos de propiedad industrial, evitando un uso abusivo de las nuevas herramientas tecnológicas en perjuicio del principio de legalidad y seguridad jurídica”, cita la iniciativa.

Precisa que la regulación no implica coartar el uso de la inteligencia artificial, sino establecer un parámetro para su uso responsable y justo, respetando los principios de transparencia, ética y responsabilidad.

Si bien el desarrollo de la IA tiene como objetivo la creación de mejoras que faciliten la vida de sus usuarios, refiere, es tarea del Estado mexicano como garante de los derechos promover y regular que su uso de acuerdo con principios y bases que eliminen riesgos que supongan la violación de derechos y, en caso de que se actualice un mal uso de la herramienta, se cuente con disposiciones que permitan al Estado, a través de sus instituciones, restablecer los derechos de quienes hayan sido afectados.

La capacidad que tiene la inteligencia artificial de generar contenido, diseñar productos, replicar marcas y automatizar procesos de toma de decisiones si bien ha traído beneficios significativos, ha generado nuevos desafíos en materia de propiedad industrial, detalla el documento.

FUENTE: El Economista