El SAT aclaró que no cuenta con atribuciones especiales para realizar este tipo de acciones de forma generalizada.

La autoridad fiscal también señaló que no ha incrementado de manera inusual sus procesos de fiscalización, por lo que rechazó cualquier información que sugiera operativos extraordinarios o medidas atípicas contra contribuyentes.

La aclaración del SAT se da luego de diversas versiones que trascendieron a través de redes sociales, en las que se aseguraba un comportamiento atípico en las funciones del mismo y hasta congelamiento de cuentas.

FUENTE: Noventagrados

El año pasado, se modificó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde ya se considera al arrendamiento de inmuebles como una actividad vulnerable de lavado de dinero.

Esto ocurre cuando el monto mensual de la renta supera en mil 605 veces la UMA, aproximadamente, 181 mil 589 pesos mensuales.

Cuando se rebasa esta cantidad, el arrendador del inmueble debe registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del padrón de actividades vulnerables y dar un aviso por cada contrato que supere este monto mensual de renta.

Se puede tratar de una casa, un departamento, una o varias bodegas o cualquier inmueble.

Incluso se pueden sumar, es decir, si una sola persona renta cinco bodegas por más de 181 mil pesos al mes, se debe dar aviso al SAT.

Sergio Guizar, socio de Zavala Abogados y especialista en derecho fiscal, explicó que, el arrendamiento de inmuebles puede ser una actividad susceptible de lavado de dinero y se está buscando fiscalizar estar operaciones con mayor exactitud.

“Simulas un arrendamiento y lo ocupas para otros fines, esa cantidad que es para rentar la usan para deducir de impuestos. Es una operación simulada que afecta al fisco porque, por un lado, no se reporta y por otro se deduce”, explicó.

El lavado de dinero en la renta de inmuebles se puede dar cuando se paga en efectivo el alquiler y se desconoce el origen del dinero; cuando el que habita el inmueble no es el mismo que paga la renta; cuando varias empresas pagan una sola renta; cuando no se ocupa el inmueble; o cuando varias personas están incluidas en un mismo contrato de arrendamiento, entre otros.

Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, comentó que, desde 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se ha estado buscando eliminar el manejo de efectivo a nivel mundial para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades. Uno de los puntos donde había un gran hueco era en los arrendamientos.

“Estamos hablando de arrendamientos donde la renta mensual es de 2 o 3 millones de pesos. La propia Ley tenía un límite de manejo de operaciones en efectivo, por persona. El tope máximo para pagar en efectivo de una renta era hasta 10 mil pesos por persona. Ahora viene esta reforma con el afán de eliminar el efectivo y ahora se permiten hasta 181 mil 589.70 pesos por contrato, no por persona”, detalló.

Sobre qué tan recurrente es el problema, Saucedo comentó que “no hay una estadística o dato duro”, pero sí era un agujero donde se podían meter arrendamientos para lavar dinero.

FUENTE: El Universal

A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con nuevas facultades de fiscalización, en un esfuerzo por combatir las llamadas “factureras”, pero especialistas advierten que las reformas podrían resultar abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes y para la economía nacional.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, recientemente aprobadas por el Congreso, buscan agilizar los procesos para detectar y sancionar comprobantes fiscales falsos. Se implementará un proceso exprés que reduce al mínimo los tiempos de aclaración y defensa de los contribuyentes, lo que ha generado preocupación entre fiscalistas y empresarios.

Además, las reformas armonizan el marco legal con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que un juez ordene encarcelar a cualquier persona involucrada con factureras, desde quienes emiten hasta quienes reciben las facturas. A esto se suma la facultad de suspender de inmediato la emisión de comprobantes fiscales, lo que podría congelar operaciones de empresas mientras se define su situación legal.

Las nuevas atribuciones también incluyen publicar los nombres de presuntos factureros, imponer plazos de reacción bajo presión a terceros, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar operaciones digitales en tiempo real. Expertos alertan que estas medidas colocan a los contribuyentes en una posición de desventaja, vulneran la privacidad y podrían afectar ingresos y empleos.

“Si bien el combate a la facturación falsa es necesario, estas reformas podrían generar un clima de incertidumbre y temor entre empresarios y ciudadanos”, señaló un especialista en derecho fiscal. La combinación de sanciones inmediatas y medidas preventivas estrictas podría impactar directamente en la operación de pequeñas y medianas empresas, así como en la confianza del sector privado.

El SAT asegura que estas medidas buscan proteger la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal, pero los críticos advierten que la implementación requiere de mecanismos claros de supervisión y defensa para los contribuyentes. La discusión ahora se centra en equilibrar la eficiencia fiscal con la protección de derechos y la seguridad jurídica en el país.

FUENTE: Tabascohoy

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la noche de este miércoles el dictamen de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca dar mayores facultades al fisco con el fin de endurecer el combate a las “factureras”.

Por 348 votos a favor y 130 en contra, el dictamen fue aprobado en lo general y ahora iniciaba la discusión en lo particular de los artículos reservados.

La reforma al CFF busca armonizar dicho Código con el artículo 19 de la Constitución para que ya se les pueda aplicar prisión preventiva oficiosa a las personas vinculadas a proceso por cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Con los cambios, se especifica que un comprobante fiscal es falso cuando éste no ampare operaciones efectivamente existentes o actos jurídicos reales y se faculta a la autoridad fiscal a que presente querellas contra los contribuyentes que emitan esos falsos comprobantes.

Asimismo, el fisco podrá negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa.

Además, el fisco podrá verificar mediante visitas domiciliarias exprés (en un plazo de 24 días) que el contribuyente cumpla con la veracidad de los comprobantes fiscales.

En caso de que el fisco determine que se están emitiendo falsos comprobantes fiscales, le podrá restringir al contribuyente de manera definitiva sus certificados sello digital e incluso acusarlos por la vía penal.

Asimismo, se busca obligar a las plataformas digitales (como DiDi, Amazon, entre otras) a que den acceso al fisco en tiempo real, de forma permanente y en línea a información que permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la posibilidad de que puedan ser bloqueadas en caso de que se detecten irregularidades.

Igualmente se busca combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos, con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital para empresas del sector energético, como la emisión de comprobantes fiscales sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía.

Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), destacó que las modificaciones al CFF tienen el objetivo de combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras y el uso indebido de sellos digitales.

“El dictamen nos convoca a combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y un conjunto de medidas de fortalecimiento al combate a la evasión de impuestos, que tendrán como beneficio que los recursos sean mejor recaudados para que el Estado pueda disponer de ellos en beneficio de la población”, declaró el diputado desde tribuna.

Habrá ‘Gran Hermano’ fiscal: oposición

Por su parte, los diputados de oposición advirtieron que las modificaciones al CFF darían al fisco facultades excesivas y discrecionales que prácticamente lo convertirían en una suerte de ´Gran Hermano’ fiscal que todo lo ve y todo lo sanciona sin siquiera antes dar oportunidad a los contribuyentes de defenderse.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Núñez, advirtió que la reforma al CFF “lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes” y establece “un estado fiscal autoritario que castiga primero y averigua después”.

“Manifestamos nuestro rotundo rechazo a la discrecionalidad con que se pretende dotar a la autoridad fiscal, facultándola para cancelar sellos digitales y hasta la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sin un debido proceso ni derecho a la audiencia efectiva”, dijo.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, dijo que su bancada no acompañará esta reforma al CFF, pues no combate al huachicol fiscal ni a las factureras, sino que por el contrario es un Código Fiscal “espía, de terrorismo y confiscatorio”.

“A través de este Código Fiscal Espía, el SAT se convierte en el ‘Gran Hermano fiscal’, (además de que) afecta la certidumbre jurídica y desincentiva la inversión en nuestro país”, afirmó el diputado panista.

FUENTE: El Economista

El administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores, advirtió que, con las reformas al Código Fiscal de la Federación previstas en el Paquete Económico 2026, habrá “mano dura” contra factureros y evasores responsables de socavar miles de millones de pesos al erario.

Descartó, sin embargo, cualquier tipo de persecución contra los contribuyentes cumplidos.

“Esta reforma de las factureras va enfocada a esas poquitas empresas, que son empresas de papel, y no afectará a ninguna otra persona, que somos la mayoría de los mexicanos, que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales”, dijo.

En entrevista con MILENIO, el funcionario se refirió a tres aspectos centrales de la nueva reforma contra las factureras: procedimientos abreviados de aproximadamente 24 días para emitir resoluciones, cancelación de la facturación desde el inicio del proceso y prisión preventiva oficiosa para socios y accionistas de las emisoras de falsos comprobantes fiscales, quienes no podrán ya ser parte de otras empresas ni repetir el esquema de defraudación.

—¿Mano dura contra ellos?—

“Contra estos delincuentes, sí. Contra los delincuentes, efectivamente”.

Flores sostuvo además que el combate a la facturación falsa y a la evasión fiscal permitirá al gobierno federal evitar aumentos al ISR, al IVA y a otros impuestos.

—¿Cómo operan estas empresas? ¿Podemos, incluso, hablar de redes criminales, de organizaciones delictivas?—

“Lo que hemos identificado es que son personas físicas y despachos los que empiezan a constituir empresas de papel; no una red criminal, pero sí empresas que, a través de ellos mismos o despachos, empiezan a constituir ante notarios, primero, empresas de papel cuyos domicilios son un lote baldío, una casa abandonada por ahí, es decir, son de papel, no tienen ninguna sustancia, o sea, no están creadas para realmente tener una actividad comercial, para vender algún bien, prestar algún servicio.

Son empresas de papel donde los accionistas, incluso, en muchas ocasiones ni siquiera saben que son accionistas de esas supuestas empresas. De alguna manera obtienen la información de sus credenciales para votar o algo, y ahí van y las constituyen y después vienen, las inscriben en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el SAT, para empezar a hacer esta emisión de falsos comprobantes fiscales.

Son empresas de papel, con la única finalidad de empezar a emitir por cientos y en ocasiones miles de millones de pesos estos falsos comprobantes fiscales”.

—¿Existe un cálculo del impacto que está provocando esta evasión o elusión fiscal?—

“Sí, es una evasión fiscal a través de estos falsos comprobantes fiscales porque lo que sucede es que otras empresas u otras personas le dan a ese comprobante falso efectos fiscales para reducir su pago de impuestos, ya sea el ISR principalmente o incluso en IVA pueden generar saldos a favor que son falsos y que también tenemos que estarlos fiscalizando y obviamente negando”.

El monto como tal de estas empresas (factureras) no lo tenemos, hay análisis que han hecho algunas universidades, análisis públicos, pero no tenemos un dato como tal, pero sí sabemos que es una evasión fuerte. La propia presidenta (Claudia Sheinbaum), nuestro jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, han mencionado que justamente combatiendo este tipo de prácticas hace que no sea necesario incrementar otro tipo de impuestos o subir tasas como se hacía anteriormente ni subir el IVA ni subir el ISR”.

—¿Tiene el SAT una meta de recuperación de recursos para el próximo año vía el combate a las factureras?—

“O sea, una meta de este rubro en particular, no. La meta es la Ley de Ingresos que va en este paquete económico y que tiene un incremento de 540 mil millones de pesos respecto de este año. Quedan 5.3 billones de pesos. La meta del próximo año está alrededor de los 5.8 billones de pesos para el SAT de ingresos tributarios. ¿Cómo vamos a alcanzar esa meta?, con muchísimas acciones, incluido el combate de los factureros que está en este rubro”.

—Hay quienes dicen que estas propuestas de reformas representan una persecución a los contribuyentes…—

“Todo lo contrario. Representan una seguridad para los que realmente son contribuyentes cumplidos. Para aquellos pocos que quieren hacer una evasión, una elusión, ahora en una práctica delictiva como la emisión de falsos comprobantes fiscales, sí, para ellos, esos pocos, que son empresas de papel, vemos despachos, vemos conductas reiteradas, vemos contubernio con otras instituciones”.

Para eso sí la ley es muy dura, por eso viene la reforma y son estos cambios para tener un procedimiento abreviado que inicia con la cancelación de la facturación para esos pocos que no son contribuyentes, sino todo lo contrario, y que además ya va a tener el tema de prisión preventiva oficiosa para sus accionistas o representantes, pero de ninguna manera hay persecución por parte del SAT para el contribuyente”.

FUENTE: Milenio

El Paquete Económico 2025, entregado este lunes a la Cámara de Diputados, propone ampliar las facultades de fiscalización a instituciones financieras distintas de los bancos, incluidas las fintech. Con esta medida, los estados de cuenta y depósitos en estas entidades también podrán ser revisados por la autoridad, en reconocimiento a la creciente diversificación del sistema financiero mexicano.

La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 introduce un ajuste: sustituir la referencia exclusiva a “estados de cuenta bancarios” por la más amplia de “estados de cuenta de instituciones financieras”. El cambio busca cerrar espacios de evasión en un entorno donde las fintech y otros intermediarios no bancarios han ganado peso en la oferta de servicios financieros digitales.

De acuerdo con la exposición de motivos, el comercio digital y las innovaciones tecnológicas transformaron la forma en que se prestan servicios financieros, reduciendo el uso de sucursales y ampliando la oferta de productos a través de plataformas en línea. En este nuevo escenario, limitar la fiscalización solo a cuentas bancarias resulta insuficiente, pues los contribuyentes también pueden operar con cuentas abiertas en Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), reguladas por la Ley Fintech, o en otros intermediarios autorizados.

“Con la finalidad de que las autoridades fiscales se encuentren facultadas para solicitar la información relativa a las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las Entidades financieras en general y no solamente las abiertas en instituciones de crédito, ya que ello resulta limitante. Lo anterior, toda vez que se considera que la información relacionada con las cuentas abiertas en las entidades financieras refleja datos sobre la verdadera capacidad de contributiva de los contribuyentes”, se lee en el CFF.

La propuesta reforma varios artículos del CFF para facultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a:

Revisar estados de cuenta emitidos por cualquier institución financiera regulada, no solo bancos.

Solicitar información de cuentas abiertas en fintech o entidades similares.

Presumir, salvo prueba en contrario, que los depósitos en estas cuentas son ingresos sujetos a impuestos.

El planteamiento busca alinear la legislación fiscal con el marco regulatorio que desde 2018 reconoce a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). En particular, se menciona que las cuentas de fondos de pago electrónico cuentan con su propia CLABE y son parte del sistema financiero mexicano, por lo que deben tener el mismo tratamiento que una cuenta bancaria.

Con ello, el gobierno pretende ampliar la base de información disponible para verificar la verdadera capacidad contributiva de los usuarios de servicios financieros digitales, fortaleciendo el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.

IFC bajo la lupa

Además, Hacienda propone que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC), reguladas bajo la Ley Fintech del 2018, tengan la obligación de retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones en las que actúan como intermediarias, cerrando así un vacío normativo que hasta ahora había generado asimetrías frente a otros contribuyentes.

“Se ha detectado también el incumplimiento en la retención y entero de impuestos por parte de las fintech cuando actúan como intermediarias, por lo que se propone establecer medidas que fortalezcan dicha obligación”, se lee en los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico y Presupuesto 2026.

FUENTE: El Economista

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha clarificado que no todos los depósitos bancarios son objeto de vigilancia o del cobro de impuestos, en un esfuerzo por disipar información falsa y brindar certeza a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales. La autoridad fiscal precisó que su foco no está en operaciones rutinarias o de índole personal, sino en aquellas que puedan sugerir una discrepancia fiscal.

De acuerdo con comunicados emitidos por el propio organismo, existen ciertos movimientos financieros que, por su naturaleza, no activan alertas fiscales. La institución busca con esto atajar la desinformación que periódicamente surge en torno a este tema, la cual genera inquietud entre la población.

La base de la actuación del SAT no es el depósito en sí mismo, sino la congruencia entre los ingresos que un contribuyente declara y los gastos o depósitos que realiza. Cuando se detecta que las erogaciones de una persona son superiores a sus ingresos reportados, se puede iniciar un procedimiento conocido como “discrepancia fiscal”, fundamentado en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

¿Qué depósitos no generan alerta en el SAT?

El SAT ha especificado que las siguientes operaciones no son vigiladas ni se les aplica un impuesto de forma automática:

Depósitos entre padres e hijos o viceversa: Las transferencias realizadas para manutención o gastos cotidianos entre familiares directos no son un foco de atención para la autoridad.

Pagos por ventas de catálogo: Los ingresos obtenidos por la venta de productos de marcas de cosméticos, utensilios de cocina, entre otros, entran en esta categoría.

Tandas o préstamos personales: El dinero recibido como parte de una tanda o un préstamo personal entre particulares no es considerado un ingreso gravable por el SAT.

La autoridad ha comunicado que solo en el contexto de una auditoría, fiscalización o revisión, y si se detectan incongruencias entre los gastos e ingresos de un contribuyente, se podrá solicitar a las instituciones financieras la información detallada de sus depósitos para evitar posibles defraudaciones fiscales.

El papel de los bancos y el límite de 15,000 pesos

Una de las normativas que genera más dudas es la obligación de las instituciones bancarias de reportar los depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos mensuales. El SAT aclaró que esta medida, que obliga a los bancos a entregar dicha información de manera mensual, no implica la creación de un nuevo impuesto ni que todos los depósitos por encima de ese monto serán gravados.

Este reporte es una herramienta informativa que permite a la autoridad fiscal contar con datos para sus procesos de fiscalización. El SAT realiza aproximadamente 10,000 auditorías al año, en las que se coteja la información declarada por los contribuyentes con los datos proporcionados por los bancos para combatir la evasión fiscal.

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Es importante diferenciar que las transferencias electrónicas realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no se clasifican como depósitos en efectivo, por lo que no entran dentro de este reporte mensual obligatorio para los bancos.

¿Cuándo se activa la vigilancia del SAT?

La principal causa para que el SAT inicie una revisión es la discrepancia fiscal. Esto sucede cuando los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones o pagos a tarjetas de crédito de una persona física superan los ingresos que declaró en un año.

Si la autoridad detecta esta situación, notifica al contribuyente, quien cuenta con un plazo para presentar la documentación que aclare el origen de dichos recursos. Si no se logra justificar la diferencia, el SAT puede considerar esos montos como ingresos omitidos y determinar el pago de los impuestos correspondientes.

Por ello, se recomienda a los contribuyentes mantener un registro y control de sus operaciones, incluso de aquellas que no generan impuestos, como préstamos o donativos, para poder acreditar el origen del dinero en caso de ser requerido por la autoridad

Fuente: Proceso

Explicó que las nuevas disposiciones que serán vigentes a mediados de julio, se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones durante la administración pública federal 2024-2030.

Se trata de diversos trámites que tienen que realizar los bancos y demás participantes del sistema financiero y actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero como los casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje y distribuidoras de autos, entre otros que están obligados a entregar reportes de operaciones sospechosas y avisos antilavado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se implementaron acciones de mejora consistentes en la fusión de diversos trámites, sin embargo, la SHCP aclaró que eso no implica el cambio o modificación sobre los plazos para cumplir con las obligaciones previstas en la LFPIORPI.

Para la presentación de informe sin operaciones por parte de quienes realizan actividades vulnerables, es decir para los sujetos que no son entidades financieras y en las que se realizan operaciones con dinero en efectivo como los casinos e inmobiliarias de acuerdo a ciertos umbrales, se fusionan tres trámites en uno.

Incluye el aviso 24 horas que deben presentar de manera casi inmediata ante el SAT los obligados cuando se tenga indicios de estar relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que le sirve a la UIF para sus investigaciones y eventual denuncia.

También se fusionan dos trámites en uno para darse de alta, registrarse y actualización de quienes realizan actividades vulnerables, es decir para todos los sujetos regulados por el SAT como son los desarrolladores inmobiliarios, juegos y sorteos, activos virtuales, blindaje, metales y joyas, obras de arte, traslado o custodia de valores, donativos, comercio exterior, emisores de tarjetas de crédito y cheques de viajero, así como servicios profesionales como abogados, notarios, contadores, fiscalistas.

Asimismo se reduce el plazo máximo de resolución para dichas actividades vulnerables para las solicitudes de autorización de uso de medios alternativos de cumplimiento; prórroga en la entrega de información, documentación, datos e imágenes a la SHCP; autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada y para la interpretación de la LFPIORPI y sus normas secundarias.

También se eliminaron cuatro requisitos para tramitar dichas solicitudes, y en su lugar se creó un formato único.

FUENTE: msn

Los ingresos tributarios crecieron 10.1 por ciento anual entre enero y abril del presente año en términos reales, lo que representó la mayor cifra para un mismo periodo desde 2015, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sumaron 2 billones 20 mil 249.5 millones de pesos, y superaron en 83 mil 850.1 millones de pesos lo proyectado. En el periodo se programaron ingresos por la captación de impuestos por un billón 936 mil 399.4 millones de pesos.

En su informe de las Finanzas y la Deuda Públicas, Hacienda destacó que la recaudación fue impulsada por el dinamismo del consumo interno, la solidez del mercado laboral y mejoras en la eficiencia recaudatoria.

La captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) creció 9.5 por ciento anual, al sumar un billón 174 mil 840 millones de pesos, beneficiada por un entorno caracterizado por aumentos en el empleo, los salarios y la masa salarial. El monto superó en 42 mil 299 millones de pesos lo calculado en la Ley de Ingresos.

La recaudación de IVA creció 13.9 por ciento, y sumó 537 mil 208 millones de pesos, monto mayor en 49 mil 568.5 millones al programado, impulsada por un tipo de cambio más elevado, que aumentó el valor en pesos de las importaciones.

En lo referente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), este fue menor en 19 mil 422 millones de pesos respecto de lo programado, al situarse en 214 mil 271 millones de pesos.

Destacó el alza de 47.6 por ciento real, en la captación del impuesto sobre las importaciones al colocarse en 56 mil 215 millones de pesos.

Cae déficit

El menor gasto permitió una mejoría en el balance fiscal, toda vez que el déficit de enero-abril se ubicó en 105 mil 84 millones de pesos, cuando se había previsto en 312 mil 357 millones, esto significa que se logró un mejor balance presupuestal en 207 mil 273 millones de pesos.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, enfatizó que “el déficit como proporción del PIB se mantiene bajo, pues solo se está considerando información hasta abril, pero esta proporción deberá subir en los próximos meses. El nivel del déficit presupuestario al mes de abril se puede considerar favorable, pues se ubica por debajo de lo programado en 34.5 por ciento”.

La SHCP, reconoció que los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron inferiores en 9 mil 345.7 millones de pesos respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos, al ubicarse en 2 billones 895 mil 850 millones de pesos.

Los ingresos petroleros fueron inferiores a lo programado en 124 mil 184 millones de pesos, y totalizaron 315 mil 283 millones de pesos, lo que significó una disminución real de 12.3 por ciento, respecto del primer cuatrimestre del año pasado.

Por su parte, los ingresos no petroleros se ubicaron en 114 mil 839 millones de pesos por encima de lo previsto en el programa económico al contabilizarse 2 billones 580 mil 567 millones.

Siller destacó que los ingresos presupuestarios acumulados, que mostraron un crecimiento real de 6.5 por ciento anual entre enero y abril, fueron impulsados por los ingresos no petroleros, que mostraron un incremento de 9.3 por ciento anual real.

Menor gasto

Por otra parte, el Gobierno Federal continuó apretándose el cinturón durante los primeros cuatro meses de 2025 al gastar 3 billones de pesos, 216 mil 618 millones de pesos menos de lo programado en el Presupuesto de Egresos de este año.

La reducción se dio ante un menor gasto programable, que se contrajo 7.6 por ciento anual real.

Al interior, el gasto en capital se contrajo 16.4 por ciento anual real, lo que se podría atribuir a la culminación de los proyectos emblema de la administración de López Obrador, mientras que el gasto corriente reportó una reducción de 5.4 por ciento anual real.

Por otra parte, el gasto no programable registró un crecimiento acumulado real de 6.4 por ciento anual, que resultó inferior al programado en 38 mil 294.4 millones de pesos.

FUENTE: El Financiero

En un comunicado, el organismo indicó que del 2013 al 2018 se recaudaron 28 mil 966 millones de pesos en ese segmento, mientras que del 2019 al 2024, el SAT recibió 106 mil 178 millones de pesos.

“Tan solo en el último año, derivado de los actos de auditoría en materia de precios de transferencia, los grandes contribuyentes corrigieron su situación fiscal por más de 19 mil millones de pesos”, detalló la institución financiera.

Dichos contribuyentes se desempeñan en los sectores relevantes de la economía como son el automotriz, minero, electrónico, telecomunicaciones, entre otros.

El SAT cuenta con un área especializada en la materia de precios de transferencia, a efecto de evitar que los contribuyentes migren indebidamente utilidades a otros países afectando la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR).

La mayoría de los grandes contribuyentes son parte de grupos empresariales multinacionales que tienen una creciente presencia económica en México.

“He ahí la importancia de asegurar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de estos conglomerados”, destacó el SAT.

Según el comunicado, los lineamientos establecidos en el Plan Maestro permiten a la autoridad tributaria actuar de manera eficiente en los procedimientos aplicados a los precios de transferencia, así como cumplir con los estándares internacionales relacionados a la regulación de este tema.

Fuente: Jornada