A la UIF se le otorgó la facultad de bloquear cuentas bancarias a través de la inclusión de personas físicas o morales en un instrumento de control preventivo que la ley denomina “lista de personas bloqueadas”.

La iniciativa de Moreira se propone que para que una persona moral o física sea incluida en dicha lista, la UIF deberá acreditar previamente ante un juez de control que cuenta con indicios suficientes de que la cuenta bancaria de una persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Esta iniciativa propone establecer de manera clara, precisa e indubitable los criterios que la UIF deberá observar, y un juez de control validar antes de proceder al congelamiento de cuentas bancarias por motivos o hechos generados u ocurridos en territorio nacional”, señala el documento.

FUENTE: Noticias Yahoo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la noche de este miércoles el dictamen de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca dar mayores facultades al fisco con el fin de endurecer el combate a las “factureras”.

Por 348 votos a favor y 130 en contra, el dictamen fue aprobado en lo general y ahora iniciaba la discusión en lo particular de los artículos reservados.

La reforma al CFF busca armonizar dicho Código con el artículo 19 de la Constitución para que ya se les pueda aplicar prisión preventiva oficiosa a las personas vinculadas a proceso por cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Con los cambios, se especifica que un comprobante fiscal es falso cuando éste no ampare operaciones efectivamente existentes o actos jurídicos reales y se faculta a la autoridad fiscal a que presente querellas contra los contribuyentes que emitan esos falsos comprobantes.

Asimismo, el fisco podrá negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa.

Además, el fisco podrá verificar mediante visitas domiciliarias exprés (en un plazo de 24 días) que el contribuyente cumpla con la veracidad de los comprobantes fiscales.

En caso de que el fisco determine que se están emitiendo falsos comprobantes fiscales, le podrá restringir al contribuyente de manera definitiva sus certificados sello digital e incluso acusarlos por la vía penal.

Asimismo, se busca obligar a las plataformas digitales (como DiDi, Amazon, entre otras) a que den acceso al fisco en tiempo real, de forma permanente y en línea a información que permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la posibilidad de que puedan ser bloqueadas en caso de que se detecten irregularidades.

Igualmente se busca combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos, con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital para empresas del sector energético, como la emisión de comprobantes fiscales sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía.

Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), destacó que las modificaciones al CFF tienen el objetivo de combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras y el uso indebido de sellos digitales.

“El dictamen nos convoca a combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y un conjunto de medidas de fortalecimiento al combate a la evasión de impuestos, que tendrán como beneficio que los recursos sean mejor recaudados para que el Estado pueda disponer de ellos en beneficio de la población”, declaró el diputado desde tribuna.

Habrá ‘Gran Hermano’ fiscal: oposición

Por su parte, los diputados de oposición advirtieron que las modificaciones al CFF darían al fisco facultades excesivas y discrecionales que prácticamente lo convertirían en una suerte de ´Gran Hermano’ fiscal que todo lo ve y todo lo sanciona sin siquiera antes dar oportunidad a los contribuyentes de defenderse.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Núñez, advirtió que la reforma al CFF “lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes” y establece “un estado fiscal autoritario que castiga primero y averigua después”.

“Manifestamos nuestro rotundo rechazo a la discrecionalidad con que se pretende dotar a la autoridad fiscal, facultándola para cancelar sellos digitales y hasta la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sin un debido proceso ni derecho a la audiencia efectiva”, dijo.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, dijo que su bancada no acompañará esta reforma al CFF, pues no combate al huachicol fiscal ni a las factureras, sino que por el contrario es un Código Fiscal “espía, de terrorismo y confiscatorio”.

“A través de este Código Fiscal Espía, el SAT se convierte en el ‘Gran Hermano fiscal’, (además de que) afecta la certidumbre jurídica y desincentiva la inversión en nuestro país”, afirmó el diputado panista.

FUENTE: El Economista

“En este tema todo se reduce a una pregunta básica: ¿Qué seguridad jurídica voy a tener como empresa para poder atreverme a estar frente a un tribunal?, porque en este momento no hay claridad en las condiciones y consecuencias que va a generar la reforma”, cuestionó durante la conferencia que ofreció a socios del IMEF Grupo Monterrey.

El directivo señaló que el asunto es que efectivamente se cumpla el Estado de Derecho y que quienes van a impartir justicia cuenten con la preparación, los méritos y los medios técnicos legales necesarios para que puedan solucionar cada caso sin tomar una postura pro gobierno o pro oficialista.

Rivera indicó que tal vez las pequeñas y medianas empresas estén más dispuestas a defenderse en contra de abusos o fallas de la autoridad, pero de igual manera, se van a topar con una nueva realidad.

“De momento es mucho especular, pero se puede presentar un escenario poco deseable: Que el manejo de controversias retrate un país no apto para recibir nuevas inversiones, no confiable en cuanto a riesgos, con malas o bajas calificaciones de especialistas y la subsecuente inestabilidad macro económica en inflación o devaluación de la moneda”, refirió.

“¿Qué hacer entonces?”, cuestionaron empresarios y directivos reunidos al especialista fiscal.

“Debemos solicitar y exigir reglas claras, que se trabaje en las leyes secundarias que hagan factible y positiva la reforma, (ya que) todavía se puede establecer un equilibro, límites que impidan pensar que el Poder Judicial va a estar al servicio del oficialismo”, respondió.

Rivera indicó que es un convencido de que la Reforma Judicial era necesaria, pero no de esa manera, es decir, sin consultar a expertos, colegios de abogados, institutos de contadores, o incluso, a los mismos usuarios del sistema fiscal.

Fuente: El financiero

Un riesgo latente de la reforma al Poder Judicial sería que los magistrados y jueces elegidos por voto popular no tengan la capacidad, involucramiento y especialización en temas fiscales, alertó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“Las implicaciones a una reforma al Poder Judicial tendría que ver con los juicios fiscales que se tienen”, dijo el vicepresidente de Fiscal del organismo, Rolando Silva Briceño.

En conferencia de prensa, señaló también uno de los retos, será la independencia de los jueces en varios sentidos.
Si bien estableció que falta ver el resultado final de los cambios que propondrán y todo el proceso para su aprobación, no dejaron de expresar sus temores por los riesgos que podría representar.

“El temor y un riesgo latente es la falta de involucramiento conocimiento especializado a quien le toque impartir justicia si es elegido a través del voto popular”, matizó.

Aclaró que la postura del IMCP es: “Nunca en contra de la democracia de las decisiones de la mayoría, por encima de las minorías”.

No obstante, estimó conveniente cuidar quien toma las decisiones de justicia, es decir al que le toca dirimir lo justo o injusto, debe contar con un panorama amplio, un nivel de expertis alto porque el derecho fiscal es sumamente complejo.

“Puede haber personas con un buen perfil, ser buenas personas y capacidades académicas, que pese a ello no se logra alcanzar la experiencia, que es el involucramiento diario que se obtiene con el paso del tiempo”, ponderó.

Rolando Silva subrayó, quien llega a tener el honor de ser un magistrado o juez, debe tener toda una vida dedicada a la impartición de justicia, un crecimiento e involucramiento, no sólo con las decisiones sino con los efectos que estas generan.

“Habrá cosas que se resuelvan de fondo y otras de forma, y juicios en los que se tenga que considerar lo que van a tener en el mediano y largo plazo. Es una de las preocupaciones”, manifestó.

Enfatizó que de por sí hay pocas opciones para obtener un recurso favorable, tener elecciones de jueces y magistrados por voto, una por el perfil y la otra por la dimensión de qué nivel será para la responsabilidad de impartición de justicia, nos llevaría a un proceso electoral gigantesco.

Contadores piden aprovechar capital político para sacar una reforma fiscal
Por otro lado, el presidente del IMCP, Héctor Amaya, consideró que el próximo gobierno debería aprovechar el capital político que tiene para llevar a cabo una reforma fiscal.

Los vientos soplan a favor aseguró, al acotar que, si bien no tenemos ahora el panorama, podría ser el segundo año de la nueva administración, consideró.

Refirió que, en la mayoría de los países de la OCDE, se aplica un IVA diferenciado para alimentos y medicinas, lo que podríamos retomar para hacer algo estructurado.

Por ejemplo, mencionó que existe el IVA de entre 2% y 4% para los medicamentos estéticos.

Al mismo tiempo, planteó, se podrían permitir más deducciones de impuestos como los gastos en automóviles y colegiaturas que detonarían el IVA.

Son muchas las iniciativas que deberían identificarse para “darle la vuelta” al déficit fiscal, afirmó.

FUENTE: El Universal

En medio de un espacio fiscal cada vez más reducido, México necesita impulsar una reforma fiscal progresiva, la cual ayudaría no sólo a cerrar brechas de desigualdad, sino también a garantizar los derechos de la población.

Durante el lanzamiento de la Alianza x la Justicia Fiscal, integrada por diferentes organizaciones civiles, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, indicó que ante la coyuntura electoral actual es importante señalar que hace falta impulsar una reforma fiscal progresiva, que contemple la perspectiva de género y ayude a cerrar las brechas observadas en diversos rubros.
En este sentido, Enrique Provencio, director del PUED UNAM, aseveró que esta no sólo es una reforma fiscal, sino también una hacendaria, ya que se debe eficientar y transparentar el gasto que se ejerce.
Entre los puntos que debe tener la reforma fiscal, Alejandra Macías, directora del CIEP, indicó que se deben fortalecer los ingresos locales de los estados, lo que permitirá que ellos no dependan tanto del gasto federalizado.

“Cada entidad federativa tiene características distintas, por lo que deben ser responsables de generar la política pública que se necesita para ellos”, dijo en conferencia.

En tanto, Diego de la Mora, director de Fundar, llamó a revisar la tasa de ISR que se cobra a los trabajadores, y llevar la tasa máxima a alrededor de 40%, así como crear nuevos tramos entre esta tasa máxima y la anterior.

Asimismo, indicó que se debe limitar los gastos tributarios en ISR en los deciles de mayores ingresos.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, mencionó la propuesta de etiquetar los ingresos, así como introducir garantías presupuestales, cerrar la discrecionalidad del gasto, y transparentar los fideicomisos.

Las siete prioridades identificadas
Las organizaciones de esta alianza señalaron que, actualmente, detectaron siete prioridades que se deben atender en el corto plazo y que, con una reforma fiscal progresiva, se podrían atender, como:

1. Aumentar los servicios públicos de salud, para que más población acceda a ella. Esto tendría un costo de alrededor 3% del PIB.
2. Implementar un Sistema de Cuidados gratuito y de calidad, sobre todo para infancias.
3. Jornada completa en escuelas, para fortalecer la educación e, incluso, disminuir la carga de cuidados en los hogares.
4. Recursos para garantizar el abasto de agua.
5. Financiar infraestructura para la transición energética y atender la emergencia del cambio climático.
6. Crear un fondo de cohesión para promover iniciativas de desarrollo regional para los estados bajos ingresos.
7. Sistema judicial estatal efectivo.

Estas necesidades de financiamiento costarían alrededor de 5.5% del PIB, lo cual no podría ser financiado sin una reforma fiscal, por lo cual es algo impostergable aún en estas campañas políticas.

Sin embargo, el director del PUED UNAM señaló que si bien estas prioridades se calculan en 5.5% del PIB, no quiere decir que la reforma deba dar esos recursos adicionales, ya que también puede haber una reorientación del gasto público. “Actualmente, hay rubros del gasto que se pueden reorientar (…) el monto (de las prioridades) no es descabellado”.

Mariana Campos aseveró: “Sin impuestos, no hay derechos. Y al mismo tiempo, sin derechos es difícil cobrar impuestos. La gente quiere ver reflejados sus derechos en el presupuesto”.

Las organizaciones también se pronunciaron a favor de mantener un gasto público de calidad, por lo cual se requieren recursos provenientes de fuentes estables y sostenibles. Para ello, añadieron, es necesario implementar una recaudación justa de impuestos donde quien tiene más pague más.

FUENTE: El Economista

El presidente Andrés Manuel López Obrador “tiró por la borda” la disciplina fiscal de su gobierno con las propuestas de reformas a la Constitución, ya que estas implicarían “un daño” a las finanzas públicas mexicanas, de acuerdo con analistas financieros.
Durante una mesa de análisis, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Citibanamex, comentó que la nueva propuesta de reforma a las pensiones resultaría en un costo anual —en el primer año— de 100,000 millones de pesos (mdp) y que, al no tener un plan que garantice la sostenibilidad del proyecto, el actual gobierno está provocando que el mercado le pierda confianza, la cual “le costó trabajo obtener”.

“(AMLO) Disipó la disciplina fiscal con las reformas propuestas (…) Las reformas parecen estar más enfocadas a lo electoral”, dijo Kurczyn.

No obstante, el consenso de analistas de la entidad financiera señaló que hay “pocas probabilidades” de que su paquete de reformas sea aprobado.

Para Sergio Kurczyn es un tema pendiente la propuesta, discusión y aprobación de una reforma fiscal para 2025, ya que esta garantizará que las finanzas mexicanas no se vean mermadas.

En este sentido, comentó que las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum por Morena y Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México, tienen una asignatura pendiente en cuestión de materia fiscal; sin embargo, dijo que al momento ninguna ha propuesto algo relacionado.

Otro de los caminos para mantener finanzas públicas sanas, explicó el analista, además de la reforma fiscal, es disminuir el gasto gubernamental; no obstante, dijo, esta opción no está contemplada en el gobierno de la cuarta transformación.

“Ya veremos lo que viene para el programa fiscal 2025”, añadió Kurczyn.

Actualmente, la deuda pública de de México es un tema que presiona a las finanzas públicas ya que esta es equivalente al casi el 50% del Producto Interno Bruto nacional, comentó el directivo.

La deuda pública, detalló, se genera a partir de que el gobierno mexicano está “gastando más de lo que recauda”. Esto puede explicarse ya que el gobierno de la 4T ha incrementado el gasto anual de programas sociales, como la pensión garantizada o el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Desacelerará economía
Para los analistas, el PIB mexicano crecería 2.2% en 2024, como consecuencia de una desaceleración de la economía mexicana y global.

Iván Arias, director de Estudios Económicos de la entidad financiera, proyectó una caída en el consumo a nivel global, cuestión que frenaría el avance económico.

Comentó que, además, existen algunos escenarios que podrían agravar dicha desaceleración, como una escalada en conflictos geopolíticos, como el de Rusia y Ucrania, así como un posible triunfo en las elecciones estadounidenses de Donald Trump.

Esto debido a que el republicano dijo que, de ganar la presidencia nuevamente, aplicaría un impuesto de 10% a todos los países que exporten mercancías a Estados Unidos. Cabe señalar que México es el principal socio comercial de EU, por lo que se vería afectado inminentemente.

“Además, la política monetaria restrictiva para controlar la inflación continuará limitando el crecimiento económico”, dijo Arias.

El analista añadió que para finales de 2024, la tasa de interés de Banco de México (Banxico) cerraría en 8.50%, con una inflación superior al 4% anual.

FUENTE: Forbes

En este decreto se establecen plazos para la imposición de sanciones administrativas, lo que fortalece la supervisión de la CNBV.

El pasado 24 de enero, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario de la Federación (DOF) una de las reformas más ambiciosas en materia de procedimientos administrativos dentro del sector financiero, que, entre otras cosas, cubre vacíos legales que las entidades financieras aprovechaban para evitar ser sancionadas por alguna autoridad supervisora.

El decreto reforma, adiciona y deroga distintas leyes financieras en materia de procedimiento administrativo, especialmente en materia de sanciones, plazos de audiencia y notificaciones por medios electrónicos.

“En este decreto se establecen plazos para la imposición de sanciones administrativas, lo que fortalece la supervisión de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y brinda mayor certeza jurídica a los presuntos infractores de dichas leyes”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de este órgano supervisor.

Antonio Casas Vessi, abogado asociado del despacho Ramos, Ripoll & Schuster, explicó que este decreto es positivo tanto para la autoridad, como para las entidades financieras, pues da certeza en ciertos procedimientos donde había reglas no tan claras sobre sanciones y procedimientos de revocación.

“Es una reforma positiva, porque da certeza a algunos procesos que no estaban tan claros en las leyes, sobre todo sancionadores y procedimientos de revocación de ciertas autorizaciones. No estaban tan claras cuáles eran las etapas, ni los plazos, ni cómo funcionaba o cómo operaba la suspensión de la caducidad de la autoridad para imponer sanciones”, explicó en entrevista Casas Vessi.

Según un análisis del especialista, el decreto publicado impacta en al menos 14 leyes del sistema financiero, que tienen relación con distintas autoridades como el Banco de México; la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Casas Vessi indicó que esta regulación fortalece el actuar de la autoridad en ciertos procesos y brinda a las entidades financieras certeza sobre los pasos a seguir cuando son objetos de multa y delinea los tiempos de respuesta de las autoridades, entre otros aspectos.

Problemas de forma, no de fondo
De acuerdo con el especialista, en muchas ocasiones, la autoridad no podía imponer sanciones a las entidades, pese a infringir la ley, pues estas aprovechaban las lagunas legales para escapar de los actos de las comisiones supervisoras.

“Antes había algunos aspectos que no se regulaban tan detalladamente y eso ocasionaba muchos litigios, pero por estas cuestiones de forma, no de fondo, muchas veces las entidades financieras se libraban de estas sanciones”, explicó Cass Vessi.

Uno de los aspectos que destaca dicha reforma es que cuando una entidad financiera realice una supuesta infracción, tendrá un plazo de 10 días hábiles, luego de ser notificada, para manifestar por escrito y ofrecer pruebas para su defensa, las autoridades podrán ampliar por una sola ocasión dicho plazo hasta por el mismo lapso, según las circunstancias particulares del caso.

Medios electrónicos
Para Casas Vessi, uno de los aspectos más destacables de este decreto es que delinea el camino para que las autoridades puedan notificar algún procedimiento a las entidades financieras por medios electrónicos, así como los plazos que tendrán que correr a partir de dichas notificaciones por estos canales.

“Toda reforma que pueda dotar de mayor certeza a los procedimientos y se hagan a través de medios electrónicos y digitales será en beneficio de las entidades financieras”, destacó.

En el decreto se establece que este entró en vigor desde el día siguiente de su publicación en el DOF; pero también se delinean plazos de cumplimiento, principalmente por las modificaciones a las leyes secundarias.

“Algo importante es que los procedimientos iniciados antes del decreto, van a continuar conforme a la legislación pasada”, puntualizó el especialista.

Casas Vessi dijo que están pendientes los manuales de cumplimiento.

FUENTE: El Economista

El SAT adicionó dos estados financieros al aplicativo actualizado para la declaración anual de las personas morales

La declaración anual de personas morales se presenta en marzo y la de personas físicas en abril.

De acuerdo con Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, se prevé que la declaración anual de personas físicas tenga información precargada más precisa, pero no advierten cambios trascendentes.

Pero el especialista indicó que la declaración anual de personas morales tiene cambios importantes, como los siguientes:

Estados financieros adicionales
Las personas morales tenían que proporcionar información de dos estados financieros:

Estado de resultados
Estado de cambios en el capital contable
Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adicionó dos estados financieros al aplicativo actualizado para la declaración anual de las personas morales:

Estado de situación financiera. Tiene información de los movimientos de orden corporativo: cambios en el capital contable, pago de dividendos, reducción de capital, entre otros.
Estado de flujo de efectivo. Tiene información para que la autoridad pueda saber en qué se utilizó el flujo de efectivo durante el ejercicio.
Con esto, la autoridad podrá conocer los cambios entre un ejercicio y otro, y es probable que el próximo año inhabilite espacios de un año anterior. Es decir, en la declaración del ejercicio 2023, que se presentará en 2024, se cerrará la brecha para que no se pueda modificar la información de 2022 sin una declaración complementaria.

Conciliación contable comparativa
En la nueva versión del aplicativo, para presentar la declaración anual de personas morales, el resultado fiscal es comparativo. Por ejemplo, de un año a otro. Con esto, la autoridad fiscal tendrá mayor visibilidad de las operaciones del contribuyente, porque tendrá toda la trazabilidad.

Ingresos
Para la declaración de este año, se incluyen conceptos adicionales en la integración de los ingresos nominales como los siguientes:

Consolidación de la nuda propiedad y usufructo,
Utilidad fiscal en la enajenación o cesión de cartera y
Ganancia por operaciones derivadas referidas a un tipo de cambio.
Antes no había un rubro específico para dichos conceptos, pero la autoridad les prestará más atención, para tratar de evitar la posibilidad de evasión.

Deducciones autorizadas
Se incluyen conceptos adicionales (pagos del derecho especial sobre minería, pagos de peaje, castigos), así como gastos realizados por inversión y desarrollo tecnológico.

Asimismo, en la integración de la deducción de inversiones se desplegará un listado con los grupos de activos y los subgrupos con los que se integra a su vez cada uno de ellos.

Con lo anterior, el SAT tendrá mayor detalle acerca de las inversiones.

Información sobre situación fiscal (ISSIF)
Algunos contribuyentes tienen la obligación de presentar una declaración informativa sobre su situación fiscal (ISSIF). Esta obligación la establece el Artículo 32 H del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Quienes tengan que presentar ISSIF no tienen que presentar los estados financieros en la declaración anual. Esto se debe a que dicha información viene incluida en la ISSIF.

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que la autoridad fiscal puede saber cada vez más rápido quien no cumplió o no cumplió de forma correcta.

Por eso, recomendó a las personas morales que se acerquen con un contador, para que les brinde asesoría y cumplan en tiempo y forma sus obligaciones fiscales.

FUENTE: El Contribuyente

La cuenta regresiva para terminar con el proceso de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en México está más presente que nunca en el imaginario laboral. Menos de 70 días para culminar con un proceso que fue exigido por nuestros socios comerciales como parte de los compromisos internacionales adquiridos en el marco del T-MEC.

En día pasados apareció un falso debate sobre la posibilidad de extender el plazo para dichas legitimaciones, confundiéndolo con el desahogo de las consultas. Lo cierto es que resultaría severamente complicado extender el plazo para legitimar. Para siquiera poder contemplar esa posibilidad, habría que modificar el artículo Décimo Primero Transitorio de la reforma del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo y eso, solamente lo puede realizar el Poder Legislativo.

Una vez enterrada esa discusión, me parece que cabe plantearnos ciertos cuestionamientos. ¿Cuál es la importancia para nuestro país de culminar con este proceso? ¿Qué nos dicen los números tan bajos de Contratos Colectivos de Trabajo exitosamente legitimados? ¿Por qué debe interesarle a ciudadanos y ciudadanas este proceso que pareciera reservado para quienes nos encontramos en la trinchera laboral?

El sindicalismo mexicano se encuentra lejos de ser uno ejemplar. Naturalmente, esto no es responsabilidad exclusiva de los sindicatos. Esto incluye a prácticamente a todos quienes en algún momento hemos participado de la vida laboral de nuestro país. Nuestro sindicalismo fue pervertido desde mucho tiempo atrás. Fue simulado y controlado con la falacia de mantener la ansiada “paz laboral”; fue llevado al extremo para extorsionar empresas y obtener lucros indebidos; se encargó de aniquilar los mecanismos democráticos al interior de las organizaciones, entre muchísimas otras situaciones. Pero, tal vez, lo más grave de todo fue la incapacidad legislativa y política para cimbrar la vida sindical y cambiarla por completo.

Lo cierto es que hoy en día nos encontramos ante el mayor reto de democracia sindical que ha tenido nuestro país durante los últimos 100 años. El reto sindical de convencer a las personas trabajadoras de apoyar un proyecto, de apoyar el contenido de un CCT. Claro está que no ha sido sencillo para los sindicatos. Convencer a una persona trabajadora de “donarle” al sindicato parte de su sueldo a través de la figura de la cuota sindical, con la promesa de que aquel sindicato velará por sus mejores intereses, pareciera mucho más cercano a un acto de fe que a cualquier situación jurídica.

Basta revisar los números que ha compartido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para confirmar que serán muy pocos los CCT que libren exitosamente este proceso. Y debo decir que no es ninguna sorpresa. Si partimos de la base que un exagerado porcentaje de CCT eran inactivos, podemos entender muy bien el porqué de dichas estadísticas.

La legitimación está funcionando como una especie de filtro para que se mantengan única y exclusivamente aquellos Contratos Colectivos de Trabajo que efectivamente sean conocidos y aceptados por las personas trabajadoras. Soy de quienes piensan que se trata de una fantástica noticia que nos acerca a una vida sindical transparente y auténtica.

Respondiendo puntualmente las preguntas que me permití plantear al inicio de esta columna, a nuestro país debe interesarle, y mucho, este tema. Las razones son muchas, pero tal vez la más importante es que se trata de un paso fundamental para transitar hacia mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras y hacia un mejor diálogo social con las personas empleadoras. Auténticas revisiones salariales y de condiciones, terminar con las extorsiones hacia el empresariado mexicano y que sobrevivan única y exclusivamente aquellos sindicatos dispuestos a trabajar en el mejor de los sentidos.

No podemos aspirar a tener mejores salarios, si no contamos con sindicatos profesionales, libres y capacitados. La legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo representa la misma noticia negativa tanto para los sindicatos inactivos –también llamados “blancos”– como para los sindicatos delincuenciales y extorsionadores. Ambos tienen los días contados.

Ésa es en gran medida la razón que explica los números tan bajos de CCT debidamente legitimados. Los sindicatos que están logrando legitimar dichos contratos son aquellos que habían realizado algún tipo de labor con la base trabajadora.

Llama la atención que al inicio de este proceso, en el año 2019, eran muchos los sindicatos que querían legitimar y en cierta medida incluso forzar dicha legitimación. Con el paso de los años, los sindicatos han tomado una actitud mucho más conservadora y especulativa. Pareciera que no quieren arriesgarse a perder una votación que afecte su credibilidad y pareciera también que muchos están apostando a la vida después del 1 de mayo de 2023. Es decir, que se termine el Contrato Colectivo de Trabajo –cabe recordar que incluso con la terminación de un CCT se mantienen los derechos adquiridos de las personas trabajadoras– y empezar desde cero la recuperación por dicho contrato, en el mejor de los casos.

En conclusión, estamos ante la presencia de una situación de interés nacional. La legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo representa uno de los pasos más importantes hacia un crecimiento salarial digno, pero, sobre todo, sostenido y racional. Atrás quedarán los años en donde nuestro país era atractivo para la inversión por las razones equivocadas. Esos años en donde México era un ‘buen lugar para invertir’ por los bajos salarios y por lo manipulada de la negociación colectiva.

Ahora, deberemos ser vocales en comunicar que México es un buen lugar para invertir por la calidad de nuestra mano de obra, pero también porque los sindicatos que tenemos verdaderamente trabajan, conocen a sus agremiados y porque las empresas podrán tener la tranquilidad que habrán terminado –ojalá– las épocas en donde sin haber iniciado operaciones ya tenían su primer emplazamiento a huelga.

Tiempos emocionantes y de muchos cambios para el Derecho Mexicano del Trabajo.

FUENTE: El Economista

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) optó por no realizar una Miscelánea Fiscal para el siguiente ejercicio fiscal en busca de brindar certeza jurídica y atraer la Inversión Extranjera Directa (IED); sin embargo, los contribuyentes aún tienen problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el actual sistema fiscal, explicaron analistas a El Economista.

Virginia Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que no realizar cambios fiscales para el siguiente año no traerá los resultados que se pretenden.

“Los cambios serían mediante reglas misceláneas y éstas no dan certidumbre jurídica porque tienen vigencia de un año o menos. Dar certidumbre jurídica a los nuevos inversionistas es (respetar) como está actualmente la ley, pero no quiere decir que no haya cambios en otro momento”, dijo Ríos.

La integrante del gremio de contadores declaró que actualmente existen disposiciones fiscales que “ahorcan” a los inversionistas como es la cancelación de sellos digitales o la restricción del uso de dichos sellos.

“Con el hecho de no poder emitir los comprobantes porque se restringen los sellos digitales ahorcan al contribuyente. Que sigan estas disposiciones va en contra de los contribuyentes y no habrá muchos que se quieran animar a venir a México”, comentó la agremiada.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyentes que tengan sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas. Por su parte, los contribuyentes podrán aportar pruebas para la reinstalación de dichos sellos digitales.

Si la autoridad quisiera podría cambiar sus políticas y procedimientos para que dé como resultado una mayor seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes, sostuvo Ríos.

Falta de citas, Resico y fichas de trámite: Coparmex
Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, comentó que todavía no hay las suficientes citas ante el SAT para tramitar firmas electrónicas (e.firma) y tampoco hay las citas necesarias para constituir nuevas personas morales.

La integrante de Coparmex también mencionó que la autoridad fiscal pudo modificar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas morales, en particular la deducción de anticipos.

En la Ley del Impuesto sobre la Renta se precisa un catálogo de aquellas deducciones que podrán realizar las personas morales que tributen bajo el Resico, así como diversos requisitos que deberán de cumplir dichas deducciones.

Existen 176,125 personas morales que tributan bajo el Resico y el SAT ha recaudado de ellos 6,742 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre.

López Padilla agregó que también los contribuyentes padecen de problemas en las fichas de trámite, dado que no se pueden cancelar las sociedades en procesos de litigación.

“Les rechazan el procedimiento siendo que la ficha de trámite va más allá de la ley, es decir esa problemática que no se logró solucionar este año y que sigue en el tintero”, sostuvo la integrante de Coparmex.

FUENTE: El Economista