Ante la incertidumbre que genera la Reforma Judicial en cuanto a la capacidad técnica de los futuros juzgadores en el rubro fiscal, los grandes corporativos van a tratar de mejorar sustancialmente su gestión fiscal interna para evitar llegar a algún tipo de litigio en materia de impuestos, dijo Gustavo Rivera, contralor y director fiscal de Grupo Proeza.
“En este tema todo se reduce a una pregunta básica: ¿Qué seguridad jurídica voy a tener como empresa para poder atreverme a estar frente a un tribunal?, porque en este momento no hay claridad en las condiciones y consecuencias que va a generar la reforma”, cuestionó durante la conferencia que ofreció a socios del IMEF Grupo Monterrey.
El directivo señaló que el asunto es que efectivamente se cumpla el Estado de Derecho y que quienes van a impartir justicia cuenten con la preparación, los méritos y los medios técnicos legales necesarios para que puedan solucionar cada caso sin tomar una postura pro gobierno o pro oficialista.
Rivera indicó que tal vez las pequeñas y medianas empresas estén más dispuestas a defenderse en contra de abusos o fallas de la autoridad, pero de igual manera, se van a topar con una nueva realidad.
“De momento es mucho especular, pero se puede presentar un escenario poco deseable: Que el manejo de controversias retrate un país no apto para recibir nuevas inversiones, no confiable en cuanto a riesgos, con malas o bajas calificaciones de especialistas y la subsecuente inestabilidad macro económica en inflación o devaluación de la moneda”, refirió.
“¿Qué hacer entonces?”, cuestionaron empresarios y directivos reunidos al especialista fiscal.
“Debemos solicitar y exigir reglas claras, que se trabaje en las leyes secundarias que hagan factible y positiva la reforma, (ya que) todavía se puede establecer un equilibro, límites que impidan pensar que el Poder Judicial va a estar al servicio del oficialismo”, respondió.
Rivera indicó que es un convencido de que la Reforma Judicial era necesaria, pero no de esa manera, es decir, sin consultar a expertos, colegios de abogados, institutos de contadores, o incluso, a los mismos usuarios del sistema fiscal.
Fuente: El financiero