La medida le sirve al gobierno federal para financiar el gasto, pero al mismo tiempo inhibe la inversión.
Hoy para comprar una hamburguesa sencilla en México se requieren aproximadamente 40 pesos, si a ese precio se le aplicara un aumento de 886% la cifra se elevaría a 394 pesos. ¿Es mucho? Todos diríamos que sí. Justo ese es el incremento que deberán pagar los ahorradores como retención del Impuesto Sobre la Renta en 2024, pues la tasa pasará de 0.15% a 1.48%, de acuerdo con el Paquete Económico del Ejecutivo federal enviado al Congreso.
La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año propone “actualizar” la tasa de retención provisional “aplicable a los intereses pagados por el sistema financiero” a 1.48%, lo que implica una subida de 886% con respecto al 0.15% que se aplica en este 2023.
Esto quiere decir que, contrario a lo que afirman la Secretaría de Hacienda y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2024 sí se aumentarán los impuestos, empezando por lo que -obligatoriamente- se les retendrá a los ahorradores que obtienen intereses en el sistema financiero mexicano.
Al tratarse de porcentajes inferiores a 1.50% podría pensarse que la subida no es tan significativa, pero lo es, pues basta con aplicar el incremento al precio actual de cualquier producto para dimensionar el verdadero impacto que tendrá la nueva tasa de retención en las grandes inversiones que recibe el país.
Si hoy un kilo de tortillas se compra en 20 pesos, al “actualizarlo” con lo que plantea el Poder Ejecutivo federal el precio se eleva a 197 pesos. Y si tomamos como referencia lo que cuesta adquirir un litro de leche (24.00), con un aumento de 886% pagaríamos 236 pesos.
Presidencia dice en el proyecto de Ley de Ingresos 2024 que esta subida se justifica porque las tasas de interés reales que reciben los ahorradores “se han recuperado notablemente debido a que la inflación ha descendido de manera significativa desde febrero de 2023, mientras que las tasas nominales permanecen en niveles altos”, a partir de las decisiones de política monetaria del Banco de México.
A esto se añade que “la inflación continuará desacelerándose en el cierre de este año y durante 2024, favoreciendo la estabilidad de los rendimientos reales”. Por eso se propone que la tasa de retención provisional a los intereses que pagan los bancos sea de 1.48%.
Ergo, si hoy un pagaré a plazo ofrece un 10% de rendimiento anual, si se invierten 100,000 pesos en este instrumento, al finalizar el año se tendrían 10,000 pesos más, a los que deben descontarse 15 pesos por la actual retención provisional de 0.15% de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En cambio, con la misma inversión, en 2024 las instituciones financieras deberán retener 148 pesos.
Otro ejemplo: Si se invierten 100,000 pesos en Cetes, instrumentos que se han popularizado en la medida que las tasas de interés han aumentado, pagaría 150 pesos de ISR, pero si se aprueba el nuevo aumento, en 2024 tendría que pagar 1,480 pesos el siguiente año por la misma cantidad.
Al 15 de septiembre de 2023, CetesDirecto administra más de 589,000 contratos por un monto total de 107,554 millones de pesos (mdp) Si en 2024 se les aplicara el aumento de ISR a esta cantidad, Hacienda podría retener hasta 1,591 millones de pesos.
Esto le sirve al gobierno federal para financiar su gasto, ya que se trata de una retención provisional del total del ISR que debe pagarse anualmente. No obstante, la medida inhibe el crecimiento del ahorro y las inversiones, independientemente de que estas sean millonarias o se trate solo de decenas de miles de pesos.
El erario requiere más dinero
Según la Secretaría de Hacienda es posible aumentar los ingresos tributarios del gobierno “sin aumentar ni crear nuevos impuestos”. Así es como se está presentando el Proyecto de Presupuesto para la próxima anualidad, aunque en realidad sí habrá importantes ajustes y no precisamente a la baja.
Una de las modalidades que tiene el Ejecutivo federal para disimular la subida de impuestos es “ajustar” el monto de los derechos que deben pagarse por diversos trámites. Las autoridades también suelen utilizar el eufemístico verbo “actualizar”.
En términos jurídicos, los derechos son contribuciones establecidas en la ley que las personas físicas o las empresas pagan por algún servicio público.
Por ejemplo, en la iniciativa de Ley Federal de Derechos, incluida en el paquete presupuestal, se establecen nuevas tarifas para servicios portuarios y marítimos, además de que aumenta el costo de diversos trámites ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Hoy en día, cuando ese organismo autoriza la concentración de agentes económicos, previamente debe llevarse a cabo un estudio. Por ese trámite ante Cofece en 2023 se tienen que pagar 210,818.13 pesos. En 2024, la recepción y estudio de la notificación de concentración se “actualiza” a 227,240.86 pesos.
Lo mismo sucede con el costo de los permisos para la explotación de embarcaciones en servicio de navegación de cabotaje, entre las que se encuentran los cruceros turísticos y recreativos. Los derechos que pagan esas naves pasarán de 66,628.36 pesos a 75,050.55 pesos.
Igualmente, la tarifa para que personal de la marina mercante nacional obtenga un título profesional será de 1,389.98 pesos en 2024, cuando en este año se cobran 1,233.99 pesos.
Otro aumento lo encontramos en las autorizaciones para ejercer como institución educativa particular: Ya sea que el trámite se realice por primera vez o se trate de una renovación, el costo del permiso pasa de 13,643.24 pesos a 15,367.82 pesos.
Estos solo son unos cuantos ejemplos que se encuentran en el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo federal para 2024, que muestran la forma en la que el gobierno intenta hacerse de más recursos, ante el abultado gasto que se pretende ejercer en lo que será el último año de la actual administración.
FUENTE: Alto Nivel