El impulso de una reforma fiscal ayudaría no sólo a cerrar brechas de desigualdad, sino también a garantizar los derechos de la población, consideran expertos de diversas organizaciones civiles.
En medio de un espacio fiscal cada vez más reducido, México necesita impulsar una reforma fiscal progresiva, la cual ayudaría no sólo a cerrar brechas de desigualdad, sino también a garantizar los derechos de la población.
Durante el lanzamiento de la Alianza x la Justicia Fiscal, integrada por diferentes organizaciones civiles, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, indicó que ante la coyuntura electoral actual es importante señalar que hace falta impulsar una reforma fiscal progresiva, que contemple la perspectiva de género y ayude a cerrar las brechas observadas en diversos rubros.
En este sentido, Enrique Provencio, director del PUED UNAM, aseveró que esta no sólo es una reforma fiscal, sino también una hacendaria, ya que se debe eficientar y transparentar el gasto que se ejerce.
Entre los puntos que debe tener la reforma fiscal, Alejandra Macías, directora del CIEP, indicó que se deben fortalecer los ingresos locales de los estados, lo que permitirá que ellos no dependan tanto del gasto federalizado.
“Cada entidad federativa tiene características distintas, por lo que deben ser responsables de generar la política pública que se necesita para ellos”, dijo en conferencia.
En tanto, Diego de la Mora, director de Fundar, llamó a revisar la tasa de ISR que se cobra a los trabajadores, y llevar la tasa máxima a alrededor de 40%, así como crear nuevos tramos entre esta tasa máxima y la anterior.
Asimismo, indicó que se debe limitar los gastos tributarios en ISR en los deciles de mayores ingresos.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, mencionó la propuesta de etiquetar los ingresos, así como introducir garantías presupuestales, cerrar la discrecionalidad del gasto, y transparentar los fideicomisos.
Las siete prioridades identificadas
Las organizaciones de esta alianza señalaron que, actualmente, detectaron siete prioridades que se deben atender en el corto plazo y que, con una reforma fiscal progresiva, se podrían atender, como:
- Aumentar los servicios públicos de salud, para que más población acceda a ella. Esto tendría un costo de alrededor 3% del PIB.
- Implementar un Sistema de Cuidados gratuito y de calidad, sobre todo para infancias.
- Jornada completa en escuelas, para fortalecer la educación e, incluso, disminuir la carga de cuidados en los hogares.
- Recursos para garantizar el abasto de agua.
- Financiar infraestructura para la transición energética y atender la emergencia del cambio climático.
- Crear un fondo de cohesión para promover iniciativas de desarrollo regional para los estados bajos ingresos.
- Sistema judicial estatal efectivo.
Estas necesidades de financiamiento costarían alrededor de 5.5% del PIB, lo cual no podría ser financiado sin una reforma fiscal, por lo cual es algo impostergable aún en estas campañas políticas.
Sin embargo, el director del PUED UNAM señaló que si bien estas prioridades se calculan en 5.5% del PIB, no quiere decir que la reforma deba dar esos recursos adicionales, ya que también puede haber una reorientación del gasto público. “Actualmente, hay rubros del gasto que se pueden reorientar (…) el monto (de las prioridades) no es descabellado”.
Mariana Campos aseveró: “Sin impuestos, no hay derechos. Y al mismo tiempo, sin derechos es difícil cobrar impuestos. La gente quiere ver reflejados sus derechos en el presupuesto”.
Las organizaciones también se pronunciaron a favor de mantener un gasto público de calidad, por lo cual se requieren recursos provenientes de fuentes estables y sostenibles. Para ello, añadieron, es necesario implementar una recaudación justa de impuestos donde quien tiene más pague más.
FUENTE: El Economista